El 17 de junio, el encuentro “De los recursos al empleo: el valor de los minerales para América Latina” organizado por Fundación Chile y Banco Mundial mostró una visión alejada de la concepción monolítica que presenta la minería como una mera exportación de minerales a cambio de recursos financieros. Es un reencuadre que consideramos valioso, porque permite abordar preguntas acerca de cómo resignificar la inversión para generar empleo de calidad, industrialización, infraestructura y desarrollo territorial.
En la instancia participó Fundación Chile, entidad híbrida, público-privada, que se erige como articuladora del desarrollo sustentable del país asume, en línea con sus valores, liderar la reflexión y el diálogo en cada sesión. Aunque lastimosamente, a la mesa se sentaban el Banco Mundial, el BID, representantes de gobiernos regionales, gremios y mineras; pero ningún representante de las comunidades respecto de cuyos territorios se discutía, sin embargo, integraba la testera. Se delibera sobre las comunidades y el territorio que habitan sin ellas. Se trata de la misma omisión que advertíamos hace un mes a propósito del memorando de entendimiento con EEUU, solo que en otro foro.
Ante esa opacidad, el Observatorio Ciudadano solicitó acceso a los fundamentos técnicos del acuerdo y a la identidad de sus participantes; las respuestas fueron magras con redireccionamientos y vacíos donde debía estar lo importante. El patrón se consolida si tenemos en cuenta que en mayo, el canciller y la titular de Ciencias se reunieron en Estados Unidos con el subsecretario de asuntos económicos, Jacob Helberg, y con el Exim Bank – entidad estadounidense que facilita financiamiento para empresas de ese país – para empujar la agenda de minerales críticos.
La Presidencia, por su lado, mantiene en reserva la reunión entre el Presidente Kast y Peter Thiel, cofundador de Palantir, amparada en la exclusión de registro de la Ley de Lobby N°20.730, mientras en Exponor el mandatario llama a destrabar permisos y a “soñar con una ley que permita mayor inversión” (Gobierno de Chile, 2026). Son gestiones que definen los derroteros de nuestro patrimonio común y llegan a la ciudadanía sin registro alguno, sin forma de saber qué se ofreció ni a cambio de qué.
El telón de fondo apura la tarea. Estados Unidos, Japón, Australia e India profundizaron la Iniciativa Quad para minerales críticos comprometiendo hasta 20 mil millones de dólares para alineamiento regulatorio y reciclaje (Departamento de Estado de EE.UU., 2026). Conforma un club de compradores que negocia en coordinación. Chile queda fuera debajo de la mesa donde se fijan precios y reglas, relegado a la lista de proveedores.
China, por su parte, crea una oficina para coordinar a sus empresas estatales en el exterior(Xinhua, 2026). ¿Qué hace Chile? Negocia con Bruselas, Pekín y Washington, pero respecto de ninguno exige la debida diligencia en derechos humanos, apropiada al desafío que como país nos enfrentamos.
El papel del Estado no ha de agotarse en decidir a quién vende. Las capacidades instaladas y la ventaja geológica, le dan a Chile no solo una ventana de seriedad para elevar el estándar de esta conversación sin dejar de ser competitivo. La participación significativa de las partes interesadas y los mecanismos de reparación ya se aplican en otros sectores. La agroindustria, por ejemplo, cuenta con guías para situar a trabajadores y comunidades en el centro de la debida diligencia (Oxfam, 2026a, 2026b Naciones Unidas, 2011, 2024), y estándares como la certificación IRMA, que la propia industria reconoce como ventaja competitiva apuntan a eso.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y la de la Corte Interamericana que Chile pidió añaden el deber estatal de prevenir el daño ambiental y de no facilitarlo mediante acuerdos comerciales (Corte Internacional de Justicia, 2025; Wewerinke-Singh, 2026).
Aquí el Congreso tiene la potencialidad de convertirse en el contrapeso adecuado para convertir la transparencia en obligación. Mientras una moción de senadoras y senadores impulsa un régimen jurídico para estos minerales (Senado, 2026), el Legislativo puede exigir que el Ejecutivo publique las minutas de las rondas técnicas —tarea que la Comisión de Minería y Energía del Senado ya ha comenzado a asumir frente a las evasivas de Cancillería—.
La invitación es a co-diseñar un régimen con altura de miras, consentimiento previo, libre e informado, salvaguardas hídricas vinculantes, mecanismos de reparación y responsabilidad intergeneracional. No basta lo voluntario: la experiencia regional muestra que el respeto empresarial a los derechos humanos exige una combinación inteligente de medidas obligatorias y avances de buena voluntad por todas las partes incumbentes (Instituto Danés de Derechos Humanos, 2025).
El problema, ya lo dijimos, no es el desarrollo, la inversión extranjera o el socio del momento. El problema se asoma cuando el desarrollo económico pierde de vista el componente humano y el vínculo que tenemos con el espacio que habitamos. Cuando la urgencia comprime los procesos, la opacidad reemplaza a la rendición de cuentas. La transparencia no es un trámite que entorpece la agenda estratégica, sino el baremos que distingue una acción propiamente soberana de una entrega de recursos de forma miope. Una conversación sobre el “valor del territorio” que no incluye las comunidades no aprueba ese examen. Falta saber si el Estado, y en particular el actual gobierno, decide hacer el esfuerzo que su posición le exige.
