El Memorándum de Entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras suscrito entre Chile y EE. UU. en abril de 2026 no inaugura una tendencia, sino que se inserta en una arquitectura geopolítica ya en desarrollo. En un contexto donde estos recursos son crecientemente tratados como materias de seguridad nacional, el desafío para Chile no es solo participar de esa agenda, sino hacerlo sin sacrificar los derechos humanos de las comunidades y del medioambiente, así como la transparencia y probidad con la que se llevan a cabo estas negociaciones.
Desde 2025 la administración Trump ha invertido grandes sumas en empresas de minerales críticos, acumulando reservas para su uso militar (Campbell y de la Hoz, 2025). La preocupación por la concentración de la cadena de suministro de minerales críticos ha llevado a la Casa Blanca a implementar el Proyecto Vault (2026), que busca proteger las industrias estadounidenses.
En este contexto, este Memorándum, junto a otras gestiones como las reuniones que esta semana sostuvo el Canciller con Google, Nvidia y otras empresas tecnológicas, debe entenderse como parte de una dinámica más amplia y no como un hecho aislado.
Llamar a esto transición energética es correcto sólo en parte. La demanda de minerales críticos está siendo cada vez más subordinada a una lógica de seguridad nacional con aplicación directa en sistemas de defensa (Olsen, 2026), que comprime procesos, acelera decisiones y debilita estándares normativos que deben resguardar el interés público.
Ese riesgo es particularmente sensible en Chile, donde la discusión se concentra en el litio, el cobre y, más recientemente, las tierras raras. América Latina y Chile ocupan un lugar estratégico en esta disputa por sus reservas, pero esa centralidad no debe traducirse en una carrera extractiva contra la dependencia de China que desplace las obligaciones ambientales y de debida diligencia en derechos humanos, repitiéndose vulneraciones que impactan directamente la calidad de vida de personas a lo largo del mundo (Schröder, 2026).
El Memorándum no ha contado con la participación de otras partes interesadas, tensionando el Pilar 1.9 de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el que obliga a “mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones sobre la materia cuando concluyan acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión” ( 2011).
En paralelo, el sector privado también está cerrando acuerdos relacionados con minerales críticos, como el de Chilean Cobalt Corp con NeoRe SpA (Navas, 2026), muchas veces sin considerar a las comunidades locales e indígenas potencialmente afectadas.
Cooperar con EE.UU. en minerales críticos no es en sí un problema; no acordar condiciones de reciprocidad, sí. Los marcos de cooperación que generan beneficios para los países productores deben incluir acceso a tecnología, financiamiento y salvaguardas regulatorias nacionales (Borodyna, 2025). Sin esos elementos, que no se observan en el Memorándum, el país corre el riesgo de limitarse a proveer insumos estratégicos sin capitalizar los beneficios económicos ni tecnológicos de esa inserción.
Chile cuenta con otras cartas para encauzar esta conversación, como los acuerdos vigentes con la Unión Europea y Canadá que incorporan estándares ambientales y de derechos humanos consistentes con compromisos internacionales. Activar estos instrumentos permite diversificar la provisión de suministros y honrar compromisos sin sacrificar la soberanía.
Nada de esto puede discutirse al margen de los principios de probidad, transparencia y publicidad, lo que obliga a exigir que las rondas técnicas que seguirán al alero de este acuerdo, sean transparentes, con minutas públicas y escrutinio parlamentario efectivo. Cuando estos procesos se conducen con opacidad, a lo que se suman los marcados vínculos del sector empresarial chileno con las nuevas autoridades, como señalan Aylwin y Arellano (2026), se abre la puerta a la captura corporativa del Estado y se debilita la legitimidad social de las decisiones.
El problema no es el desarrollo, ni la inversión extranjera. El problema se suscita cuando ello se impulsa a costa de los derechos de las comunidades y del medioambiente, o bajo arreglos que subordinan la soberanía a intereses externos. Si Chile va a jugar un papel relevante en la nueva carrera por minerales críticos, debe hacerlo desde una posición que combine protección de derechos, estrategia de largo plazo, transparencia y resguardo efectivo del interés público.
