La Corte de Apelaciones validó el despido de una cajera que entregó $30.000 menos de vuelto y cerró su jornada sin declarar el excedente.
Corte de Apelaciones de Chillán / Agencia Uno
Una cajera de supermercado fue despedida después de registrar un vuelto de $50.000, entregar solo $20.000 al cliente y terminar su jornada sin declarar los $30.000 restantes. Aunque inicialmente logró que la justicia declarara injustificado su despido, la Corte de Apelaciones de Chillán anuló esa decisión y determinó que la desvinculación se ajustó a derecho.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la trabajadora se desempeñaba como cajera desde abril de 2012. El episodio ocurrió el 22 de noviembre de 2024 y fue detectado después del reclamo del cliente.
La investigación incluyó registros de la operación, la cuadratura de caja, cámaras de seguridad y declaraciones de trabajadoras del establecimiento.
El 27 de enero de 2025 fue despedida por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. La mujer acudió entonces al Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, donde demandó por despido injustificado.
El juez titular Juan Luis Salgado Vásquez acogió la demanda el 16 de febrero de 2026 y ordenó pagar $903.345 por aviso previo, $9.936.795 por años de servicio y $7.949.436 como recargo legal del 80%, además de reajustes e intereses.
El tribunal consideró que la conducta constituía un incumplimiento, pero que no tenía gravedad suficiente para justificar el despido.
La empresa recurrió y la Corte de Apelaciones de Chillán llegó a una conclusión distinta. “La conducta acreditada [...] no representa un mero error de digitación o un descuadre fortuito subsanable”, sostuvo el fallo.
La Corte destacó que una cajera trabaja directamente con dinero y debe mantener exactitud y transparencia. Consideró especialmente grave que registrara $50.000, entregara $20.000, retuviera la boleta y cerrara su caja sin declarar el excedente.
También descartó que sus casi 13 años de antigüedad redujeran la gravedad. Por el contrario, señaló que su experiencia implicaba “un mayor deber de diligencia y un conocimiento acabado de los protocolos de seguridad”.
La Primera Sala anuló la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo y, en un fallo de reemplazo, rechazó completamente la demanda, por lo que quedaron sin efecto las indemnizaciones que habían sido concedidas.
La resolución fue pronunciada por los ministros Paulina Gallardo Gutiérrez, Guillermo Arcos Salinas y Erica Pezoa González, junto a la ministra suplente Carolina Vásquez Epuñan, quien redactó el fallo.
