La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó reabrir cuenta cerrada sin aviso previo y cuestionó bloqueo de fondos por deuda no notificada.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso falló en contra del Banco Estado / Agencia Uno
Una funcionaria pública acudió a una sucursal del Banco Estado en Valparaíso tras quedar sin acceso a su cuenta y sin poder retirar su dinero. La Corte de Apelaciones de Valparaíso revisó el caso, luego de que se le informara la existencia de una deuda millonaria y el cierre de su cuenta sin notificación previa.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el problema comenzó el 16 de febrero, cuando la afectada fue a la sucursal de calle Prat al notar que no podía transferir dinero.
En esa oportunidad, no recibió una respuesta clara y le pidieron volver días después. El 20 de febrero regresó e intentó retirar sus fondos o cerrar la cuenta, pero nuevamente se lo impidieron.
En esa segunda visita, fue derivada a otra oficina donde le señalaron que mantenía una deuda superior a $50 millones y que existía una orden de cierre de su cuenta desde 2009. Incluso le ofrecieron pagar $2 millones para regularizar la situación y así poder acceder a su dinero.
La funcionaria aseguró que desconocía completamente esa deuda y que nunca fue notificada de una causa judicial en su contra, tramitada ante el 5° Juzgado Civil de Valparaíso, la cual además se encontraba archivada desde hace más de 15 años.
El banco, por su parte, defendió su actuar señalando que el cierre de la cuenta se ajustaba al contrato, debido a que existían siete protestos por falta de fondos. También sostuvo que el conflicto debía resolverse en otra instancia judicial, por tratarse de un asunto contractual.
Sin embargo, la Corte concluyó que el banco actuó de manera ilegal y arbitraria. El fallo estableció que la entidad cerró los productos bancarios sin notificar debidamente a la titular ni informarle sobre el juicio previo, el cual además estaba archivado sin constar notificación alguna.
El tribunal determinó que esta situación vulneró el derecho de propiedad de la afectada, al impedirle acceder a sus propios fondos sin fundamentos claros.
Por ello, acogió el recurso de protección y ordenó reabrir los productos bancarios, además de comunicar formalmente esa decisión.
La sentencia también consigna que la afectada logró retirar la totalidad de su dinero, por un monto de $1.426.534, mediante una transferencia realizada el 10 de abril de 2026.
La decisión fue adoptada con el voto en contra de la ministra Marcela Figueroa Astudillo, quien consideró que el caso debía resolverse en un juicio y no mediante un recurso de protección.
