La cartera de Energía detectó presuntas irregularidades, pese a que informes de Controlaría detectaran "deficiencias en el proceso de revisión".
Sindicato de AgenciaSE pide a la cartera de Energía descongelar fondos para seguir financiando programas en sostenibilidad energética en beneficio de hogares y escuelas.
Luego de que este miércoles el Ministerio de Energía emitiera un comunicado acusando un "escenario de desorden" en la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) y justificando el corte de recursos, desde el sindicato respondieron denunciando una crisis operativa y financiera exigiendo respuesta a la ministra Ximena Rincón.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) alertó que más de $4.900 millones en transferencias están pendientes, la mitad de su dotación fue desvinculada o cuenta con término de contrato al 30 de junio y que el Convenio Programático 2026 aún no se ha firmado —cuya vigencia debió iniciarse a más tardar el 1 de mayo—.
La Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) es una fundación de derecho privado sin fines de lucro orientada a fortalecer e impulsar el uso sostenible de la energía a través de una serie de proyectos mediante la articulación público-privada.
A comienzos de junio, los trabajadores de la Agencia alertaron por despidos masivos y las transferencias desde Energía que aún no se concretaban, poniendo en peligro la continuidad de diversos programas que otorgaban energía limpias en casas y escuelas, así como aquellos que promueven el uso de leña seca, la utilización de taxis eléctricos y la reducción de la contaminación en general.
Sin embargo, la Resolución Exenta N°173 de la Subsecretaría de Energía, firmada el 1 de junio de 2026, limitó las transferencias a los meses de junio y julio, y estableció condiciones que, a su juicio, presentan "inconsistencias jurídicas" respecto del marco regulatorio vigente, en particular en relación al Decreto N°3.
Asimismo, la organización indicó que una resolución previa —la Resolución Exenta N°167, firmada por el subsecretario Hugo Briones el 26 de mayo— reabrió procedimientos disciplinarios para investigar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de la propia Subsecretaría de Energía en los procesos de revisión y control de rendiciones de cuentas vinculadas a la agencia.
Si bien no se oponen a la investigación, el sindicato sostiene que la misma Contraloría puso en evidencia "deficiencias en los procesos de revisión, seguimiento y control que corresponden a la Subsecretaría de Energía".
Ante las quejas, el Ministerio de Energía se refirió durante la jornada a las acusaciones reportando un "escenario de desorden administrativo, financiero y técnico". Según la cartera, los recursos pendientes de rendición —asociados a convenios suscritos entre el ministerio y la Agencia— superan los 5.800 millones de pesos.
El ministerio precisó que este cuadro no fue detectado exclusivamente por la actual administración, sino que había sido observado previamente por otros organismos del Estado, entre ellos la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Contraloría General de la República.
Según su propia declaración, a partir del 11 de marzo, la cartera dispuso un levantamiento exhaustivo de información y comenzó a trabajar de manera coordinada con la AgenciaSE para subsanar las observaciones.
En esa línea, "se han identificado por parte de la Auditoría central del gobierno casos de especial gravedad que podrían dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales", señaló el comunicado.
En consecuencia, la cartera explicó que la situación ha impedido por el momento la realización de nuevas transferencias de recursos a la AgenciaSE, aunque el ministerio —junto al nuevo director ejecutivo de la agencia— aseguró estar trabajando para restablecer la operación normal.
El sindicato aclaró que AgenciaSE ha facilitado toda la información necesaria para acreditar el buen uso de los recursos, y cuestionó que decisiones de tal magnitud se adopten mientras las investigaciones siguen abiertas y sin resolución definitiva.
"Resulta fundamental que dichas investigaciones concluyan antes de emitir juicios categóricos o adoptar decisiones que terminan afectando a quienes no tienen responsabilidad alguna en los hechos investigados", sostuvieron.
Ante este escenario, el sindicato formuló cuatro demandas concretas: la transferencia de los recursos comprometidos en el Decreto N°12 y el Decreto N°3, que cuentan con toma de razón de la Contraloría General de la República; la firma del Convenio Programático 2026; medidas que eviten nuevas desvinculaciones; y la continuidad de los programas que actualmente benefician a miles de personas y organizaciones a lo largo del país.
"A pocos días de finalizar el mes de junio, ya no bastan declaraciones generales", concluyó el comunicado. "Las trabajadoras y trabajadores necesitan definiciones, fechas y mecanismos concretos que permitan dar continuidad a una institución que durante más de 15 años ha sido clave para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la transición energética del país".
