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Hacia un país industrial, verde y popular
Foto: Agencia Uno

Hacia un país industrial, verde y popular

Por: Gonzalo Winter | 20.03.2026
¿Por qué hay países que eran más pobres que Chile hace setenta años y hoy nos han dejado atrás? No en uno ni dos indicadores. En casi todos. En productividad, en complejidad tecnológica, en calidad del empleo, en capacidad de innovación. ¿Qué hicieron ellos que nosotros no hicimos? ¿Fue suerte? ¿Fue geografía?. No. Fue política, fueron decisiones políticas. Contrarias a las que nuestro país ha tomado en las últimas décadas.

El documento “Política industrial verde y popular, Por un Chile próspero y soberano en la transición energética global, de Martín Arboleda y Pedro Glatz publicado por el Observatorio de Políticas Económicas (Opes), Rumbo Colectivo, y la Fundación Heinrich Böll es uno de los aportes más serios y necesarios al debate programático de la izquierda chilena en mucho tiempo. Creo que toda persona que quiera pensar el futuro debe discutirlo con la seriedad que se merece, ya que abre una conversación que llevamos demasiado tiempo postergando.

Entre 2000 y 2023, Chile cayó del puesto 75 al puesto 88 en el Índice de Complejidad Económica, que mide cuánto conocimiento y tecnología hay detrás de lo que un país produce y exporta. Retrocedimos. La manufactura, que es el sector que históricamente ha creado los empleos de mayor calidad y ha servido de palanca para el desarrollo en todos los países que han logrado salir de la trampa primario-exportadora, pasó de representar el 21%del empleo en los noventa a apenas el 15% hoy. Y la inversión extranjera directa en manufactura llegó en 2024 a una cifra históricamente baja, veinte veces menor a la de hace apenas una década.

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En 1950, Chile y los países del este asiático partían de niveles de productividad muy parecidos. Éramos comparables. Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Países que hoy nos superan en casi todo lo que medimos. Lo que hicieron diferente fue decidir que el Estado iba a coordinar activamente la economía, que iban a proteger y fomentar sectores estratégicos, que iban a construir capacidades tecnológicas propias en vez de depender eternamente de la tecnología de otros. Y lo hicieron porque entendieron que sin esa apuesta, su lugar en la economía mundial iba a ser siempre subordinado y dependiente de lo que decidieran otros.

Lo opuesto a esa apuesta es lo que el documento llama rentismo: el ingreso derivado no de crear valor, sino del control de activos escasos y estratégicos, como recursos naturales, posiciones monopólicas, concesiones. El propietario acumula capital, pero sin desarrollar nuevas capacidades productivas. Sin esa apuesta por construir algo propio, un país no solo se queda atrás: se convierte en una economía que extrae en vez de producir. Esa es la barrera que Chile necesita derribar.

El rentismo no es solo que el modelo distribuya mal la riqueza, aunque también lo hace. Es que el modelo mismo genera menos riqueza de la que podría. Es que nos ata a un ciclo de precios que no controlamos, nos hace vulnerables a crisis que no provocamos, ni somos capaces de predecir, nos impide construir el tipo de economía que puede dar prosperidad sostenida y empleos de calidad a las mayorías. Las últimas semanas han demostrado lo anterior con bastante claridad.

Y aquí es donde este documento hace algo que me parece especialmente valioso, porque no se queda en el diagnóstico. Propone. Y propone en un momento que es, además, un momento de oportunidad real que no podemos desperdiciar.

La crisis climática exige una rápida transición energética global hacia la descarbonización, la cual está reconfigurando la economía mundial de una manera que no tiene precedentes desde la revolución industrial. Los minerales críticos que son la base de esa transición, el litio, el cobre, los que Chile tiene en abundancia, se vuelven estratégicos para todas las potencias.

Y los países que los tienen están por primera vez en mucho tiempo en una posición de negociación distinta. Podemos poner condiciones a los inversionistas y trabajar por complejizar nuestra matriz productiva en industrias esenciales para la transición. La pregunta es si vamos a tener la audacia política de hacerlo. ¿O nos vamos a entregar a una de las potencias del momento?

Este documento muestra que otros países ya se hicieron esa pregunta y la respondieron bien. Indonesia prohibió la exportación de níquel en bruto y hoy tiene una industria de baterías en desarrollo. Brasil construye una planta automotriz en Bahía que va a generar diez mil empleos de calidad. Si esos países se atrevieron a hacerse esa pregunta, nosotros no tenemos ninguna excusa para no hacérnosla.

Las propuestas del documento son concretas y están ancladas en la experiencia comparada. Una estrategia nacional de política industrial verde construida de manera participativa, no como un ejercicio técnico que vive en los cajones de los ministerios sino como una visión compartida de futuro que convoca a la sociedad entera. Por ejemplo, una banca de desarrollo pública capaz de financiar los sectores que el mercado privado no va a financiar solo.

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Una política internacional de autonomía productiva, con fortalecimiento de los lazos regionales, que aproveche la multipolaridad del mundo de hoy para conseguir acuerdos reales de transferencia tecnológica, aprendiendo de la tradición de los países no alineados que entendieron que los intereses del Sur Global no son los mismos que los de las potencias. Una apuesta decidida por la electromovilidad pública para las mayorías, porque Chile ya es segundo en el mundo en electrificación del transporte público y eso es una base concreta sobre la que construir capacidades industriales propias. 

La política chilena en general tiene una deuda pendiente con esta discusión. El primer ciclo progresista latinoamericano logró cosas reales que no debemos minimizar. Sacó a millones de personas de la pobreza, permitió que fueran derechos cosas que eran solo privilegios, amplió el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda.

Lo dice con autocrítica admirable el propio García Linera en su libro "Cuidar el alma popular": ese ciclo no vino acompañado de una estrategia industrializadora que le diera sostenibilidad a las reformas. Pero la crítica merece un matiz. Hubo gobiernos del ciclo que intentaron hacer política industrial, con resultados mixtos. Otros nacionalizaron recursos naturales con la ambición de escalar en la cadena de valor.

Entonces, el problema no fue que la izquierda se olvidara de transformar la estructura productiva, sino que gobernaba sobre una base social que demandaba ingresos inmediatos. Mover la aguja hacia una agenda de largo plazo implicaba tensionar un pacto justo cuando más se necesitaba la redistribución. La pregunta que dejó pendiente ese ciclo es cómo sostener una alianza político-social que acepte una agenda de política industrial de largo plazo y se enfrente exitosamente a quienes se oponen. 

Un segundo ciclo no puede repetir ese error. No alcanza con redistribuir mejor lo que genera un modelo que concentra, que destruye ecosistemas, que no crea empleos de calidad y que nos deja atados a ciclos económicos que no controlamos. Tenemos que disputar la estructura productiva misma. Tenemos que volver a hacernos la pregunta por el tipo de economía que queremos construir, con la misma seriedad y la misma ambición con que nos la hicimos en los mejores momentos de nuestra historia.

Chile tiene todo para ser un país próspero en el siglo veintiuno. En nuestro territorio habita una biodiversidad única que nos inspira a encontrar soluciones para adaptarnos a los impactos de la crisis climática. Tiene litio, tiene cobre, tiene uno de los mejores potenciales solares del planeta, tiene universidades, tiene capital humano, tiene una clase trabajadora que en cada momento crítico de su historia ha demostrado ser capaz de construir cosas grandes cuando se le da la oportunidad. Lo que nos ha faltado no es el recurso. Nos ha faltado la decisión política de usarlo al servicio de la mayoría.

Este documento es una invitación a tomar esa decisión. A dejar de aceptar como destino lo que es una decisión. Una decisión que la derecha chilena, en sus distintas versiones, ha tomado una y otra vez, administrar el rentismo, pulirlo, defenderlo, y llamar a eso pragmatismo. A entender que la prosperidad no nos va a llegar desde afuera ni nos la va a regalar el mercado o una estrategia conservadora de aprovechar únicamente nuestras ventajas comparativas. Que la vamos a construir nosotros, con política, con Estado, con visión de largo plazo, con la convicción de que el rentismo no es nuestra identidad ni nuestra condena, y con la certeza de que Chile no nació para ser el patio trasero de ninguna potencia.

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