Cada vez que un funcionario falsifica documentos oficiales y cada vez que una condena por corrupción termina ejecutándose en libertad, el ciudadano común recibe un mensaje devastador: la ley es severa para algunos y extraordinariamente laxa para otros.
Hay delitos que simultáneamente dañan patrimonios e instituciones, y dejan una sensación especialmente amarga cuando quienes tienen la misión de perseguir criminales terminan colaborando con ellos. La denominada Operación Imperio reveló precisamente eso.
Según la investigación del Ministerio Público, desde 2017 los hermanos Matías, Nelson y Cristián Martínez, junto a su padre Nelson Martínez y otros integrantes de su círculo cercano, construyeron una sofisticada organización criminal dedicada a defraudar bancos, instituciones financieras y compañías de segurosmediante un mecanismo tan simple como rentable… La falsificación sistemática de antecedentes personales, comerciales y tributarios para obtener créditos que jamás serían pagados.
La Fiscalía describió una estructura que captaba a terceros, muchas veces personas de escasos recursos y sin historial bancario, para utilizarlos como instrumentos de fraude. Con documentación adulterada obtenían millonarios créditos de consumo y financiamiento automotriz. Después, los vehículos eran revendidos y las deudas simplemente abandonadas.
La organización logró acceder a financiamiento projaara vehículos 4x4 y todoterrenos de alta gama mediante antecedentes falsificados. Posteriormente, esos automóviles eran comercializados a clientes extranjeros a través de empresas domiciliadas en Iquique, obteniendo ganancias aún mayores. Los créditos utilizados para adquirir esos bienes nunca fueron pagados.
La investigación estableció además la creación de empresas de papel, constituidas mediante antecedentes falsos presentados ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), utilizadas para triangular recursos y ocultar el origen de los fondos.
Entre los 41 detenidos por este caso en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Valparaíso y Metropolitana, figuraba un exintegrante del Poder Judicial, quien actuó como testaferro de la organización. A su nombre se encontraba inscrita una aeronave posteriormente incautada por la PDI.
Sin embargo, lo más grave de esta historia es que dos detectives de la PDI terminaron integrando la estructura criminal.
Juan Carrasco Hernández (exPDI de Temuco) y Wladimir Cáceres Soto (exsubcomisario de la Bicrim de Independencia), eran funcionarios policiales cuya responsabilidad consistía en combatir organizaciones como la que terminaron protegiendo. Ambos fueron dados de baja y desvinculados de la institución en octubre de 2025.
Según el fiscal Luis Torres, Carrasco alertó al clan Martínez de que estaban siendo investigados por el Ministerio Público y la propia PDI. Es decir, utilizó información privilegiada para advertir a quienes debían ser perseguidos.
Asimismo, la investigación estableció que ambos funcionarios elaboraban partes policiales falsos para defraudar a compañías de seguros. El mecanismo permitía cobrar indemnizaciones fraudulentas, beneficiar a terceros y posteriormente apropiarse de vehículos que luego eran comercializados.
Estamos hablando de funcionarios públicos involucrados en cohecho, vulneración de secretos, fraude de seguros, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, informes policiales falsos e incluso tenencia ilegal de municiones.
Juan Carrasco fue condenado a 3 años y 1 día por cohecho; 100 días por fraude de seguros; 301 días por vulneración de secreto; y 61 días por tenencia ilegal de munición.
Wladimir Cáceres fue condenado a 3 años y 1 día por cohecho; 61 días por fraude de seguros; 541 días por falsificación de instrumento público; 61 días por obstrucción a la investigación; y 61 días por falta a la verdad en informes policiales.
No obstante, pese a la acumulación de delitos, pese a la gravedad institucional de los hechos y pese al daño provocado a la credibilidad de la policía, la jueza Viviana García les otorgó el beneficio de libertad vigilada intensiva. En otras palabras, no cumplirán sus condenas en prisión; ergo, la señal pública resulta demoledora.
Cornelius Castoriadis sostenía que las sociedades se debilitan cuando las normas dejan de tener significado para quienes están llamados a encarnarlas. ¿Qué mensaje recibe la ciudadanía cuando quienes administran información reservada la venden al mejor postor y luego evitan la cárcel?
Del mismo modo, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, señalan que una democracia no se erosiona únicamente cuando los delincuentes desafían la ley, sino cuando quienes deben hacerla cumplir aprenden a convivir cómodamente con su violación.
La Operación Imperio, además, permitió incautar bienes por más de $3.000 millones: vehículos de lujo, inmuebles, joyas y dinero en efectivo. La cifra revela la dimensión económica de la organización.
Finalmente, el daño más difícil de cuantificar no aparece en los balances financieros. Es el deterioro de la confianza pública, pues cada vez que un detective vende información reservada, cada vez que un funcionario falsifica documentos oficiales y cada vez que una condena por corrupción termina ejecutándose en libertad, el ciudadano común recibe un mensaje devastador: la ley es severa para algunos y extraordinariamente laxa para otros.