Exigen a Kast abordar desde el primer día crisis del agua en Los Molles tras denuncia ante la CIDH: “Se requieren decisiones urgentes”
La Fundación Protege Los Molles presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando al Estado de Chile por presuntas vulneraciones al derecho humano al agua, a la salud y a un medio ambiente sano en diversas localidades afectadas por la operación de la empresa sanitaria Aguas San Isidro S.A., entre ellas Los Molles, Pichidangui y Labranza.
La organización sostiene que la acción internacional se basa en años de denuncias ciudadanas, fiscalizaciones administrativas, investigaciones parlamentarias y acciones judiciales que, según señalan, no han logrado resolver de forma efectiva los problemas asociados a la calidad y continuidad del suministro de agua potable en esas zonas.
Entre los antecedentes incluidos en la presentación se mencionan episodios reiterados de incumplimiento de la normativa chilena sobre calidad del agua potable, cortes de suministro, presencia de agua salobre en la red y la necesidad de recurrir al abastecimiento mediante camiones aljibe para garantizar el consumo humano en las comunidades afectadas.
La fundación también incorporó antecedentes que, según indicó, han sido reconocidos por el propio Estado de Chile en comunicaciones oficiales enviadas a Naciones Unidas.
En esos documentos se mencionan sanciones administrativas contra la empresa, fallas estructurales en la prestación del servicio y la apertura de un proceso para evaluar la eventual caducidad de la concesión sanitaria, medida que finalmente no fue aplicada.
En este contexto, la Fundación Protege Los Molles emplazó al presidente José Antonio Kast a que desde el inicio de su gobierno adopte medidas concretas para enfrentar la situación que afecta a estas comunidades y garantizar el acceso al agua potable.
“La crisis que viven comunidades como Los Molles, Pichidangui y Labranza exige decisiones urgentes. El inicio de un nuevo gobierno representa una oportunidad para corregir una situación que por años ha afectado el acceso a agua potable segura para miles de personas”, señaló la organización.
Asimismo, la fundación llamó al nuevo gobierno encabezado por Kast a actuar con transparencia frente a posibles conflictos de interés entre actores políticos y empresas que prestan servicios esenciales, recordando que el acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental.
Finalmente, la organización indicó que la presentación ante la CIDH busca que el organismo internacional examine la responsabilidad del Estado de Chile frente a la persistencia de estas vulneraciones y contribuya a garantizar el acceso efectivo al agua potable segura y la protección del medio ambiente para las comunidades afectadas.
