Un proyecto de línea eléctrica que cruza tres regiones y ha despertado rechazo entre organizaciones y 20 alcaldes se acerca a una instancia decisiva.
Torres de alta tensión de línea eléctrica en Chile.
Foto: Agencia UNO.Este martes, en una nueva sesión del Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast, se decidirá sobre el futuro de un proyecto de línea eléctrica que ha generado conflictos socioambientales en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. Tras su aprobación en 2025, 20 alcaldes de algunas de las comunas que cruza el proyecto firmaron un acuerdo en rechazo a la iniciativa.
Se trata de la carretera eléctrica Itahue Hualqui, que cruza 406 kilómetros y contempla una inversión de US$ 324 millones y la instalación de torres de alta tensión de hasta 50 metros de alto, como parte del plan para extender el Sistema Electrico Nacional.
El proyecto ha generado conflictos en diversas comunas. Uno de los principales es en la región del Biobío, ya que el proyecto pasa muy cerca del Parque Nacional Nonguén,afectando bosque nativo de conservación con especies en vías de extinción como el queule o el naranjillo.
Esto considerando que el proyecto cruza una de las zonas del país donde más bosque nativo se ha perdido históricamente a manos de la industria forestal, y los bosques remanentes están degradados, amenazados por incendios forestales y por especies invasoras como el pino.
Familias campesinas también temen por la cercanía a las torres de alta tensión, el ruido constante que generan las instalaciones y el riesgo de incendios.
Uno de los principales detractores del proyecto es el alcalde de Hualqui y presidente de la asociación de municipalidades del Biobío, Ricardo Fuentes Palma.
Palma protesta por la cercanía del proyecto al Parque Nacional Nonguén, por la afectación a vecinas y vecinos que verán la plusvalía de sus terrenos bajar por la presencia de las torres de alta tensión, y el bajo monto que le ofrecen a las familias campesinas por la servidumbre para instalarse. El alcalde de Concepción también manifestó su rechazo tras la aprobación del proyecto en 2025.
El proyecto había sido rechazado por el Comité de Ministros, pero tras una reclamación de la empresa la decisión se transformó en una aprobación ambiental bajo ciertas condiciones.
Exigieron que el proyecto no debe intervenir el bosque nativo de preservación ni alterar el hábitat de especies amenazadas, y que se deberán realizar estudios sobre la flora y fauna amenazada antes de empezar a construir y establecer planes de protección para los individuos de estas especies de conservación.
Estas observaciones generaron rechazo tanto del alcalde Ricardo Fuentes como del diputado Félix González, ya que declaran que esos estudios y planes de protección deberían haberse hecho en el marco de la evaluación ambiental como condición para obtener el permiso, y no luego de aprobado.
“La aprobación que le ha dado hoy el Comité de Ministros tiene algunas cosas bastante absurdas. Le está pidiendo como condición elaborar estudios de conservación. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es para eso. Se debieron hacer los estudios antes y se debió exigir cambiar el trazado. Ahora ni la comunidad ni los servicios públicos tendrán oportunidad de objetar esos estudios”, declara el diputado.
Ahora el Comité de Ministros decidirá si acoge o rechaza los recursos de reclamación y mantiene el permiso ambiental del proyecto o lo revierte. También existe un proceso abierto en el Segundo Tribunal Ambiental en contra de este proyecto por reclamos en el proceso de participación ciudadana.
Si el Comité de Ministros decide mantener la aprobación del proyecto, organizaciones comunitarias podrían reclamar esta decisión ante el tribunal ambiental, sumándose al proceso ya abierto en esta instancia.
