Minería envuelta en un manto de opacidad: Terram alerta sobre falta de transparencia en litio y en uso del royalty minero
Cada año en el mes de diciembre, Fundación Terram publica su Balance Ambiental, un documento que resume los principales acontecimientos, aciertos y fallos de la agenda ambiental del país durante el último año. La edición 2025 del informe se tituló “Ambientalmente fuera de servicio” ya que, según Terram, durante este último periodo de gobierno la narrativa ligada a la “permisología” se instaló con mayor fuerza en el debate público, con el propósito de flexibilizar las regulaciones ambientales para facilitar la inversión, lo que ha significado retrocesos concretos en la protección del medio ambiente.
En el capítulo de Minería, el documento advierte que la implementación de la Estrategia Nacional del Litio ha avanzado en un contexto de escasa información pública y alta conflictividad territorial. En particular, se cuestionan los criterios utilizados para definir la Red de Salares Protegidos y las categorías de conservación propuestas, así como las deficiencias en los procesos de participación ciudadana e indígena, especialmente en las regiones de Antofagasta y Atacama.
El capítulo también aborda las controvertidas asociaciones público-privadas impulsadas por el gobierno, como los acuerdos entre Codelco y SQM, Codelco y Río Tinto, y Enami con Río Tinto. Fundación Terram subraya la falta de transparencia de estos procesos, el debilitamiento del rol estratégico del Estado y el abandono de la promesa de crear una Empresa Nacional del Litio. En este contexto, se releva el trabajo de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que recomendó dejar sin efecto el acuerdo Codelco-SQM y avanzar hacia una licitación pública e internacional.
El informe también alerta sobre los procedimientos “fast track” para la entrega de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), los cuales han carecido de criterios técnicos claros, estudios públicos y antecedentes suficientes sobre las empresas participantes, profundizando la opacidad en un sector clave para el país.
Relaves y royalty minero
El Balance también analiza la elaboración de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, señalando que esta se orienta principalmente a asegurar cadenas de suministro para países compradores, más que a una visión estratégica de desarrollo nacional. Asimismo, se examinan conflictos socioambientales asociados a proyectos de tierras raras y las tensiones entre minería y desarrollo local.
Finalmente, el capítulo revisa los desafíos que presenta la gestión de relaves mineros, como también la implementación de estándares internacionales de transparencia como la iniciativa EITI y la preocupante falta de rendición de cuentas en el uso de los recursos provenientes del royalty minero, donde más del 60% de las municipalidades beneficiadas no cumplió con las obligaciones mínimas de transparencia durante 2024.
Según Telye Yurisch, coordinador del área minera de Fundación Terram, el panorama descrito evidencia que el sector minero continúa operando con serias falencias institucionales, lo que pone en riesgo tanto la protección ambiental como la legitimidad de la toma de decisiones estratégicas en torno a los recursos mineros.
“En este sentido, es urgente que en el diseño de políticas sectoriales mineras se realicen evaluaciones ambientales estratégicas, ya que es la única forma de asegurar una coherencia entre las políticas sectoriales con las políticas de ordenamiento territorial, para que así la industria extractiva respete las condiciones territoriales y el derecho de las comunidades locales”, concluye.
