La ley de royalty minero aprobada en los últimos días, recauda un impuesto a las empresas extractivas de cobre y litio y lo distribuye directamente a gobiernos regionales y municipalidades del todo el país.

Organizaciones ambientalistas celebran el avance y redistribución de recursos, pero ponen en alerta la necesidad de que esto no implique un “subsidio implícito” para el sector extractivo, al hacerse cargo con fondos recaudados de los impactos ambientales que debería cubrir la misma industria.

“La aprobación del Royalty minero es un tremendo avance en la justicia social y territorial que Chile necesita, ya que permite a los chilenos acceder a los beneficios de extraer un bien natural común que pertenece a todos los chilenos, y a la vez compensar a las comunas y regiones donde se generan los impactos ambientales de la extracción minera.", comenta en su balance la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín.

Sin embargo, recuerda que “la responsabilidad de pagar los costos de remediación por los daños ambientales y en la salud de la población es, en primer lugar, de la empresa y no debe descansar en los fondos públicos”.

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“Subsidio implícito”

Desde la fundación Terram, el investigador en temas mineros Telye Yurisch Toledo enumera los impactos ambientales que ha dejado la actividad minera, muchas veces sin medidas de remediación, y llama a redactar una Ley de Pasivos Ambientales Mineros para hacerse cargo de los impactos con un mecanismo específico.

“Con la aprobación del Royalty Minero y en particular, la ejecución del Fondo para Comunas Mineras, estamos subsidiando con 55 millones de dólares a uno de los sectores productivos con mayor conflictividad socioambiental del país”, afirmó.

Dentro del historial de impactos que ha causado la actividad minera en el territorio nacional, menciona el abandono y colapso de relaves mineros, la afectación severa a glaciares, salares y otras fuentes de suministro hídrico, la contaminación local en zonas de sacrificio, la corrupción y el clientelismo.

“No se entiende que con la recaudación de un royalty, que representa una compensación para el Estado por la explotación de nuestros recursos minerales, se pretenda compensar el daño ambiental que genera la misma industria extractiva. Son recursos fiscales que podrían financiar programas de derechos sociales, como subsidios de vivienda, construcción de hospitales, entre otros”, sostiene.

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Ley de Pasivos Ambientales Mineros

La ley hace énfasis en destinar recursos para la remediación de “relaves abandonados de carácter prioritario por encontrarse cercanos a la población y que representan un potencial impacto significativo sobre la salud”.

Para Yursich Toledo, “si bien es urgente avanzar en la remediación de relaves abandonados y la recuperación y/o rehabilitación ecológica de las áreas afectadas por los mismos, es importante que el proceso esté mandatado por mecanismos específicos que se debiesen establecer en una eventual Ley de Pasivos Ambientales Mineros.

El investigador alerta que actualmente no existe una categorización y priorización de relaves a remediar donde se haya realizado un análisis formal y detallado del riesgo que estos representan para las personas y ecosistemas.

También comenta que un gran porcentaje de relaves abandonados se ubican en terrenos que tienen dueño o propietario, o que están sujetos a concesiones mineras.

“Destinar recursos de todos los chilenos y chilenas para fines de remediación de relaves es un despropósito  si no hay claridad de la propiedad de los mismos, ya que eventualmente se estaría beneficiando a un particular”, aclara.

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