El proyecto que establece un royalty minero fue aprobado y despachado por la sala del Senado esta semana, y continúa su trámite parlamentario. Después de años, la tramitación se destrabó por un protocolo de acuerdo del Gobierno con la oposición, que incluye un artículo que puso en alerta al mundo ambientalista.

El ítem incluido en el acuerdo establece que “Se adoptarán las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental”.

[Te puede interesar] Comisión de Hacienda del Senado aprueba royalty minero

Críticas

Para el economista e investigador en temas mineros de Fundación Terram, Teyle Yurisch, “establecer esto dentro del acuerdo, no hace más que sincerar su postura pro industria extractiva y, a su vez, la distancia que presentan de su autoproclamado Gobierno ecológico”

“La naturaleza legal y política de la discusión e implementación de un royalty, en teoría, busca avanzar en el establecimiento de una verdadera compensación para el Estado por la explotación de nuestros recursos minerales y no establecer mejoras en las condiciones de inversión”, agrega.

“El protocolo de acuerdo tiene un punto problemático y esla idea de un fast track de proyectos de inversión minera, cuando es sabido que quienes se demoran en la evaluación ambiental son los privados y no el Estado. Seguir con una agenda extractivista es seguir acabando con los ecosistemas que nos proveen de adaptación ante la crisis climática y ecológica”, sostiene a su vez la politóloga y directora de estudios de la fundación Ecosur, Pamela Poo.

[Te puede interesar] Royalty minero: El norte pide aprobación, pero arremetida republicana podría eclipsar proyecto

El espíritu del royalty

Desde Terram también levantaron una alerta por la necesidad de que los recursos generados por el royalty no se utilicen para remediación ambiental de daños generados por la propia industria. “Esto implicaría un subsidio implícito para el sector extractivo”, reflexiona Yurisch.

El investigador pone como ejemplo la remediación y reparación ecológica de sitios afectados por los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), en particular con los relaves abandonados.

“Bajo ningún motivo se debiesen financiar con lo recaudado por el royalty. Por el contrario, esta deuda socioambiental sectorial la debe asumir la actividad extractiva actual, mandatada por mecanismos específicos que se debiesen expresar en una eventual Ley PAM”, sostiene.