PDI detiene a 7 médicos extranjeros por fraude con licencias médicas en sector público: Daño a Fonasa supera $20 mil millones
La investigación por el uso irregular de licencias médicas en el sector público sumó esta semana un nuevo hito.
La Policía de Investigaciones detuvo a siete médicos extranjeros acusados de participar en la emisión y comercialización de licencias médicas falsas, utilizadas por funcionarios públicos para justificar ausencias laborales mientras realizaban viajes al extranjero o asistían a casinos.
Las detenciones se concretaron en el marco de una indagatoria encabezada por la PDI junto a la Fiscalía Metropolitana Oriente, que apunta a estos profesionales de la salud como grandes emisores de licencias médicas dentro de una red dedicada a su venta.
El caso tuvo su origen en los antecedentes detectados por la Contraloría General de la República, que alertaron sobre un uso masivo e irregular de este instrumento en organismos del Estado.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, entre los años 2021 y 2024 se emitieron un total de 35.978 licencias médicas asociadas a este esquema.
De ellas, 26.559 fueron efectivamente pagadas con recursos públicos, lo que permitió dimensionar el impacto económico del fraude.
La Fiscalía cifró el perjuicio al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en $20.871.585.331, monto que corresponde a los pagos realizados por licencias médicas consideradas irregulares.
Esta cifra posiciona el caso como uno de los mayores escándalos recientes vinculados al uso indebido de recursos del sistema de salud pública.
En paralelo a las detenciones de los médicos, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó una audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían adquirido estas licencias médicas.
Según la investigación, estos trabajadores del Estado utilizaron los documentos para justificar ausencias laborales incompatibles con reposo médico, como viajes internacionales o visitas a casinos.
El Ministerio Público continuará con las diligencias para establecer las responsabilidades penales tanto de quienes emitieron las licencias como de los funcionarios que las utilizaron, mientras avanza el proceso judicial que podría derivar en formalizaciones y eventuales sanciones penales.
