El próximo lunes 15 de diciembre, el Pleno de la Corte Suprema deberá definir quién asumirá la presidencia del máximo tribunal en un escenario inédito, atravesado por la crisis que enfrenta el Poder Judicial y por las consecuencias del denominado Caso Hermosilla.
La votación no solo resolverá un relevo institucional, sino que también reflejará las tensiones internas que se han profundizado a partir de las investigaciones por faltas a la probidad que han involucrado a ministros del propio tribunal.
De acuerdo con la tradición, el cargo debería recaer en la ministra Gloria Ana Chevesich, por ser la integrante con mayor antigüedad.
De respetarse esa costumbre, Chevesich asumiría la presidencia el 6 de enero y se convertiría, además, en la primera mujer en encabezar la Corte Suprema.
Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a tomar fuerza una alternativa que rompe con esa práctica histórica: la eventual postulación de la ministra María Angélica Repetto, impulsada por un grupo de ministros críticos del curso que han tenido las investigaciones internas contra sus pares.
La posibilidad de una candidatura alternativa es interpretada, por distintos actores del mundo judicial, como una señal de la profundidad de la crisis.
Mientras algunos ven en Repetto un perfil conciliador, capaz de recomponer confianzas al interior del tribunal, otros sostienen que su eventual apoyo responde a una lógica defensiva frente a eventuales nuevas indagatorias por hechos vinculados a la probidad judicial.
La figura de Chevesich concentra buena parte de estas tensiones.
Con más de tres décadas en el Poder Judicial, su trayectoria está marcada por un rol activo en causas de corrupción, desde su actuación como ministra en visita en el caso MOP-GATE hasta su participación en los procesos disciplinarios más recientes contra ministros de la propia Corte Suprema.
Esa postura le ha valido respaldo en tribunales inferiores, pero también resistencias dentro del máximo tribunal, especialmente tras su rol en el cuaderno de remoción que terminó con la salida de Ángela Vivanco y en las votaciones que buscaron la destitución de otros ministros.
En ese contexto, la elección de la presidencia aparece como una definición que excede lo administrativo.
Para algunos magistrados, respetar la antigüedad es clave para preservar una tradición institucional de más de dos siglos; para otros, el momento actual justificaría una excepción.
Lo que está en juego, coinciden diversas fuentes, es el tipo de liderazgo que asumirá la Corte Suprema en un periodo marcado por cuestionamientos públicos, investigaciones internas y un debate abierto sobre la probidad y la gobernanza del Poder Judicial.
