Gobierno defiende legalidad de expropiación en megatoma de San Antonio: "Hay que enfrentar el déficit de vivienda"
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) enfrentó las críticas y defendió la decisión de expropiar parte de los terrenos de la megatoma de San Antonio ubicada en el Cerro Centinela, con el fin de edificar viviendas sociales y solucionar el problema habitacional en la zona.
Recordar que el gobierno confirmó la expropiación de 100 de las 215 hectáreas que la conforman e impulsar un proyecto habitacional, pero desde la derecha cuestionaron la acción.
Un grupo de diputados de RN ingresó un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) para que se evalúe la legalidad de la medida y el gasto de $11.000 millones.
Minvu responde
Al respecto, desde el Minvu expresaron que la actual Constitución los faculta para "implementar políticas y programas habitacionales para enfrentar el déficit de vivienda y promover la integración social y urbana".
Además, para "expropiar terrenos para el cumplimiento de los programas de construcción aprobados por Decreto Supremo del Minvu y publicados oficialmente".
Especificando a la megatoma de San Antonio, el Ministerio de Vivienda explica que "representa una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024".
"Serviu posee la facultad de expropiar y nuestra legislación consagra una causal de utilidad pública general para llevar a cabo programas propios del Minvu. Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable", siguió la Secretaría de Estado.
No sólo eso, sino que insistieron en que “la expropiación se ejerce para alcanzar un fin público y es común que con ello se pueda beneficiar a un sector de la comunidad”.
“La expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales del ministerio, con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia", siguió.
Finalmente, aseguran que “entregaremos nuestros argumentos técnicos, sociales y jurídicos en las instancias judiciales y administrativas que se requieran, pero es necesario hacer un llamado a evitar la polarización y el escalamiento del conflicto”.
“El gobierno ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional en el marco de la legalidad, y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación que es excepcional, por las características del campamento y su envergadura", cerró.
Elizalde se refiere a desalojo megatoma de San Antonio
En tanto, este lunes el ministro del Interior Álvaro Elizalde, dijo en Estado Nacional de TVN que “el desalojo es responsabilidad de un conjunto de instituciones y el delegado regional lo que hace es coordinar”.
“La responsabilidad de los albergues radica en el Municipio de San Antonio, pero el ministro tiene la facultad de proveer de la fuerza pública en caso que sea necesario su auxilio para proceder al desalojo”, añadió.
Para cerrar, Elizalde avisó que “es una toma que compromete a 10.000 personas, 3.000 niños y 1.000 personas mayores. Hay 95 comunas en Chile con población menor a esta toma, por eso estamos avanzando como se debe en este proceso de desalojo”.
