Por una ley de presupuestos que responda a las urgencias sociales de hoy y mañana
La ley de presupuesto es fundamental para la vida cotidiana de las personas, porque lo que está en juego es la calidad y cobertura de servicios públicos. Es el instrumento más importante con que cuenta el Estado para concretar derechos y responder a las necesidades sociales en salud, seguridad y economía.
A pesar de la incertidumbre internacional, se han mantenido las proyecciones sobre el PIB tendencial y el precio del cobre, con una evolución de la economía que ha sido consistentemente mejor de lo esperado.
Según Dipres, entre enero y mayo los ingresos fiscales aumentaron un 5,8%, y los ingresos tributarios reales crecieron casi un 10%. Esto no solo refleja una economía más sólida, sino también los efectos positivos de reformas recientes como el Royalty y la Ley de Cumplimiento Tributario.
La derecha, sin embargo, ha vuelto a insistir en recortar el gasto social para “equilibrar” las cuentas, llegando incluso a proponer -a lo Milei con su motosierra- reducir el Estado a la mitad. Pero lo que Chile necesita no es un Estado más chico, sino uno más justo y con capacidad real para responder a las urgencias sociales.
El debate no puede centrarse en achicar el gasto, sino en cómo ampliar los ingresos permanentes del Estado: fortaleciendo la recaudación, el endeudamiento responsable y los fondos soberanos.
Los informes recientes del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre elusión tributaria y en exenciones (gastos tributarios) confirman que existen amplios márgenes para mejorar la recaudación fiscal. El Informe de Brechas de Cumplimiento Tributario (2018–2020) calcula que las grandes empresas eluden o evaden el 46,4% del impuesto a sus utilidades.
Por su parte, el Informe de Gastos Tributarios 2023–2025 establece que se puede recaudar hasta un 2,06% del PIB adicional si se reducen las exenciones, regímenes especiales y demás deducciones.
El compromiso es claro: luchar por un presupuesto que atienda las urgencias sociales, que reduzca las listas de espera en salud, que mejore la seguridad ciudadana y que aumente las pensiones, los salarios y el empleo.
Pero también defender una visión de país donde el Estado no se retire, sino que asuma su rol transformador. Porque los derechos sociales no se garantizan con discursos ni con recortes, sino con recursos y decisión política. Este presupuesto debe ser una herramienta para avanzar hacia un Chile más justo y con un Estado al servicio de la gente, no del mercado.
