La justicia chilena ratificó este jueves la condena a tres años de prisión con libertad vigilada impuesta a dos altos mandos en retiro del Ejército por la destrucción, entre los años 2000 y 2001, de documentos pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI), que actuó como policía política durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Según un comunicado del Poder Judicial, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, confirmó la decisión adoptada en primera instancia contra el otrora general Eduardo Abel Jara Hallad y contra la entonces teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich.

Antecedentes microfilmados

"Durante los años 2000 a 2001, en un día indeterminado, la entonces teniente coronel de Ejército Mercedes del Carmen Rojas Kuschevivch, segunda al mando de la Sección de Archivo del Departamento II de Contrainteligencia de la DINE, por instrucción de su superior, el general de brigada Eduardo Jara Hallad, director de Inteligencia, procedió a revisar en forma aleatoria los antecedentes microfilmados pertenecientes a la CNI que se encontraban en sus dependencias y bajo la custodia del Ejército", relató.

"Hecho lo anterior y cumpliendo tales órdenes, las que no representó, dispuso que el suboficial mayor Luis Zúñiga Celis conjuntamente con el cabo primero Osvaldo Ramírez Lazcano, trasladaron aquellos archivos de la CNI, hasta la Escuela de Inteligencia del Ejército donde fueron incinerados sin levantar las actas respectivas que ordenaba la reglamentación vigente, procedimiento que aun siendo irregular se informó debidamente al entonces jefe del Estado Mayor general del Ejército de Chile, Carlos Patricio Chacón Guerrero”, sentenció Plaza.

Ambos habían sido condenados igualmente a la inhabilitación absoluta para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras duren las condenas, más el pago de una multa y las costas (gastos de un proceso judicial), como autores del delito.

Delito de infidelidad de custodia

La magistrada consideró probado que los oficiales, pertenecientes a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y al Estado Mayor General del Ejército, cometieron un delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública, al incinerar archivos de la disuelta CNI.

“El 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un régimen militar que desde sus inicios implementó una política de persecución y represión generalizada contra todas las personas que se consideraban opositoras a las nuevas autoridades militares o simplemente perniciosas a sus objetivos", argumentó Plaza.

Continuó diciendo que la dictadura "contempló la práctica de fusilamientos, ejecuciones sumarias, torturas de diversa naturaleza, incluidas agresiones sexuales, privaciones arbitrarias de libertad, allanamientos y desapariciones forzadas, entre otras formas de violencia, originadas tanto en agentes estatales como en civiles que les asistieron".

"Para el logro de sus fines, los organismos de inteligencia desarrollaron sus actividades en distintos cuarteles o centros clandestinos, pero junto con ellos hubo recintos asignados a las Fuerzas Armadas y de Orden que sirvieron al mismo propósito, donde también se verificaron planificaciones de operativos y atentados contra la libertad, la integridad y la vida de las personas", agregó.

Durante este tiempo, insistió la magistrada, y hasta el año 1990, operó como organismo de inteligencia la Central Nacional de Informaciones, conocida por la sigla CNI, que sucedió a la reconocida DINA, o Dirección de Inteligencia Nacional, que se dedicaba a la represión desde los inicios de la dictadura militar.

Al retornar la democracia, los archivos quedaron bajo custodia del Ejército de Chile, específicamente en dependencias de la DINE, Dirección de Inteligencia del Ejército. EFE