Eduardo Ramírez, abogado de Diego Fernando Maradona, el menor de los hijos de Diego Armando Maradona, solicitó este jueves que dos de las tres hermanas del fallecido exfutbolista sean apartadas de la querella del juicio por la muerte del ídolo por haberse beneficiado de forma ilegítima de la marca comercial de Maradona.

En la audiencia de este jueves del juicio en el que siete trabajadores de la salud están imputados por la muerte de Maradona, Ramírez solicitó al Tribunal que se apartara de la causa a Rita y Claudia Maradona como "particulares damnificadas", basándose en que ambas fueron citadas a declarar en una causa paralela desencadenada por la denuncia de otras dos hijas del exjugador en torno al uso, control y usufructo de la marca comercial del ídolo.

"Una resolución que dispuso la indagatoria de quienes aparecen aquí como particulares damnificadas implica que ya no se trata de particulares damnificadas, sino de particulares beneficiadas por los delitos de actos de disposición que han efectuado en relación a cesión de la marca y defraudación a consecuencia de esa disposición, en perjuicio del resto de los damnificados", argumentó Ramirez.

Su guardaespaldas detenido

El que fuera el guardaespaldas de Diego Armando Maradona, Julio César Coria, fue detenido por el delito de falso testimonio durante su declaración ante el tribunal que juzga a siete trabajadores de la salud por homicidio en el caso de la muerte del astro argentino.

El fiscal Patricio Ferrari afirmó ante el tribunal: “El testigo está siendo mendaz (mentiroso) en forma elocuente”.

Según expuso la Fiscalía y ratificaron luego los jueces, el testigo incurrió en el delito de falso testimonio por brindar declaraciones que contradicen la prueba recopilada durante la investigación.

Negó relación con médico de cabecera

La principal contradicción en la que incurrió Coria tiene que ver con su vínculo con el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, con quien negó tener relación y dijo nunca haber hablado, ni durante el ingreso domiciliario ni después.

Sin embargo, numerosas pruebas y chats entre ambos, expuestos en la audiencia, revelaron que el guardaespaldas mantuvo varias conversaciones con el médico en diferentes períodos y hasta se trataban de "amigos".

En uno de esos mensajes Coria escribió a Luque: "Cómo estás, amigo. Te banco a morir, contá conmigo para lo que necesites."

A lo que Coria respondió ante los jueces: “No recuerdo que haya hablado con él, sinceramente no recuerdo”.

Reanimación en el foco

Otras contradicciones en la declaración de Coria tienen que ver con quienes fueron las personas que intentaron reanimar a Maradona cuando se encontraba en el lecho donde falleció, en una vivienda donde recibía cuidados médicos a domicilio.

El abogado de dos hijas de Maradona, Fernando Burlando, pidió "la extracción de testimonios para darle intervención a la Unidad Fiscal para la Investigación" y solicitó la "detención inmediata" del testigo por incurrir en "el delito de falso testimonio".

A continuación, los jueces accedieron a la solicitud y el que fuera guardaespaldas de Maradona salió esposado de la sala.

Casa arrendada

En la sesión también declararon Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa; Santiago Giorello, propietario de la misma, y Jana Maradona, una de sus hijas, querellante y testigo en la causa.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y, en el momento de su muerte presentaba graves patologías hepáticas, cardíacas y pulmonares, según un informe forense presentado por la Fiscalía.

Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en una causa separada en el segundo semestre de 2025, una vez finalizado el juicio principal.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE