Cómo 56 vecinos organizados en Quilpué lograron fiscalizaciones tras denunciar a ambulantes por peleas y bloqueo de calles
El comercio ambulante sigue generando tensiones en distintas ciudades del país. Ayer, un intenso operativo policial en el sector de La Vega Central, donde confluyen las comunas de Santiago, Recoleta e Independencia, provocó enfrentamientos entre vendedores informales y Carabineros.
Durante la intervención, los comerciantes reaccionaron con violencia, lanzando objetos contra los uniformados y la prensa.
Como consecuencia, se realizaron varias detenciones y se incautaron más de 250 carros con mercadería ilegal, incluyendo ropa falsificada, alimentos procesados y armas blancas.
Este operativo generó cortes de tránsito en Avenida Santa María y Recoleta, provocando una alta congestión vehicular en la zona.
La situación reflejó la creciente problemática del comercio informal en espacios públicos, un fenómeno que también afecta a otras comunas como Quilpué, donde los vecinos han denunciado la falta de control sobre la instalación de vendedores ambulantes en la Avenida V Centenario.
La Corte Suprema ordena a Quilpué tomar medidas contra el comercio ambulante
El conflicto en Quilpué escaló luego de que 56 vecinos interpusieran un recurso de protección contra la municipalidad, exigiendo medidas concretas para controlar el comercio ambulante en Avenida V Centenario.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, cada miércoles y sábado, cinco cuadras de la avenida son ocupadas por vendedores informales, quienes bloquean veredas y calles, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.
Además, la actividad comercial genera ruidos molestos desde la madrugada, acumulación de basura y un aumento en la inseguridad del sector.
En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso, argumentando que la municipalidad había tomado medidas de fiscalización y que los reclamantes no presentaron pruebas suficientes que demostraran una omisión grave de las autoridades locales.
No obstante, la Corte Suprema revocó este fallo, concluyendo que las acciones adoptadas por el municipio han sido insuficientes.
En su fallo, la Corte Suprema señaló que: "Si bien efectivamente la recurrida ha tomado medidas y ejecutado acciones en torno a la problemática que se denuncia, éstas no se advierten como suficientes ni eficaces en la obtención de una solución real y definitiva que signifique el cese de las vulneraciones".
Además, destacó que "se observa la ocupación extrema de las veredas, calles y sectores públicos donde se instalan los vendedores ambulantes, obstaculizando el acceso a viviendas y dificultando el libre tránsito".
El tribunal también enfatizó que la Municipalidad de Quilpué tiene la obligación de fiscalizar y regular el uso de los espacios públicos, no pudiendo eximirse de su deber bajo el argumento de que otras entidades también intervienen en la materia.
"La conducta omisiva o más bien insuficiente de la Municipalidad recurrida deviene y se configura en ilegal, considerando que la determinación de las medidas que permitirían la adecuada fiscalización y resguardo del orden público son materias propias de los entes edilicios", afirmó la Corte.
Reunión en La Moneda: el caso del barrio Meiggs
El comercio ambulante no es un problema exclusivo de Quilpué. En Santiago, el Barrio Meiggs se ha convertido en un punto crítico de venta ilegal, lo que ha motivado diversas acciones por parte de las autoridades.
El pasado 6 de febrero, los alcaldes Felipe Muñoz (Estación Central) y Mario Desbordes (Santiago) se reunieron en La Moneda con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.
En el encuentro, se abordaron estrategias para enfrentar la problemática y se acordó reforzar la fiscalización en la zona.
"Esto no es comercio ambulante, son economías ilícitas operando día y noche. Acá hay tráfico de cigarrillos, drogas y extorsión", afirmó el alcalde Desbordes tras la reunión, subrayando la gravedad de la situación en Meiggs.
En tanto, el delegado Durán destacó la importancia de la coordinación entre distintas instituciones para enfrentar el problema.
Piedras en las veredas: la estrategia de Estación Central
En un intento por erradicar el comercio ambulante, la Municipalidad de Estación Central implementó una medida que ha generado polémica: la instalación de piedras en las veredas de calles críticas, como Toro Mazote.
Esta acción buscaba impedir que vendedores informales ocupen el espacio público, obstaculizando su instalación.
La alcaldesa subrogante, María Olga Letelier, explicó que la medida es parte del "Plan Calles sin Violencia", que busca recuperar espacios públicos y mejorar el orden en la comuna.
"El comercio informal en estos sectores está focalizado en carros de comida que generan desorden e incivilidad. Con este diseño táctico buscamos impedir su instalación", señaló.
Casos similares y criterios judiciales en juego
El fallo de la Corte Suprema en el caso de Quilpué contrasta con decisiones anteriores en otros municipios, donde los tribunales han rechazado recursos similares al considerar que las municipalidades han demostrado un esfuerzo suficiente para enfrentar la problemática.
Uno de estos casos es el de la Municipalidad de Ovalle, cuyo fallo fue emitido el 1 de julio de 2024 por la Corte de Apelaciones de La Serena, donde locatarios formales presentaron un recurso de protección denunciando que la instalación de comercio ambulante frente a sus locales perjudicaba su derecho a trabajar en condiciones justas.
La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó la acción el 1 de julio de 2024, concluyendo que el municipio había implementado medidas concretas, como la reubicación de los ambulantes en terrenos arrendados y la realización de operativos regulares en conjunto con Carabineros.
Además, la municipalidad demostró que contaba con planes a mediano plazo para regularizar la situación mediante un proyecto de remodelación financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Otro caso destacado es el de la Municipalidad de Santiago, específicamente el caso del edificio Parque Capital, cuyo fallo fue dictado el 29 de octubre de 2024 por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde vecinos del lugar interpusieron un recurso de protección denunciando que el comercio ambulante en su sector generaba incivilidades, basura y delincuencia.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción el 29 de octubre de 2024, argumentando que la municipalidad había desplegado operativos de control y coordinaciones con Carabineros.
La falta de evidencia concreta sobre una omisión municipal grave fue clave en la decisión.
Otro caso relevante fue el del Barrio San Borja, donde la Corte Suprema, en fallo del 3 de febrero de 2025, determinó que la Municipalidad de Santiago no podía excusarse en el estallido social y la pandemia para justificar la falta de fiscalización en la zona.
En este caso, el tribunal ordenó al municipio coordinarse con otras autoridades y presentar un plan de control y recuperación del sector.
No obstante, un caso diferente fue el del barrio San Borja en Santiago, cuyo fallo fue emitido el 3 de febrero de 2025 por la Corte Suprema.
El contraste con Quilpué radica en que, según la Corte Suprema, las acciones del municipio de Quilpué fueron insuficientes y permitieron que la problemática persistiera sin cambios significativos.
En otras palabras, no se trató solo de la existencia de medidas, sino de su efectividad real.
La decisión de la Corte Suprema podría marcar un precedente en otras comunas con problemas similares, presionando a los municipios para implementar estrategias más eficaces en la regulación del comercio ambulante.
