Una estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás fue expulsada luego de denunciar que había recibido un trato discriminatorio por parte de sus superiores.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, la universidad consideró que su denuncia no tenía fundamentos y la sancionó, impidiéndole continuar con sus estudios.

Sin embargo, tras llevar el caso a la Corte Suprema, logró revertir la expulsión.

El problema comenzó en 2023, cuando la estudiante acusó a la jefa y la directora de su carrera de discriminarla por su embarazo y maternidad.

Según su relato, no recibió el apoyo necesario para compatibilizar sus estudios con su situación personal y, además, se le negó acceso a beneficios para estudiantes con hijos.

Tras presentar la denuncia, la universidad no solo la rechazó, sino que además inició una investigación en su contra, lo que terminó con su expulsión.

A esto se sumó que, previamente, la alumna había sido eliminada de la carrera por reprobar dos veces dos asignaturas de primer año.

Ella argumentó que estas reprobaciones se debieron a problemas personales y de salud, como complicaciones en su embarazo y la necesidad de acudir a un consultorio por medicamentos para su hermana, pero la universidad consideró que estas razones no justificaban su inasistencia.

En un primer intento por recuperar su matrícula, la estudiante llevó el caso a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero esta rechazó su reclamo, señalando que la expulsión y la eliminación académica habían seguido el reglamento de la universidad.

Sin embargo, al apelar a la Corte Suprema, obtuvo un fallo favorable.

El máximo tribunal determinó que la universidad actuó de manera arbitraria al expulsarla solo porque su denuncia no pudo ser comprobada, sin analizar si había actuado con mala intención.

Según la Corte, este tipo de sanciones desincentivan a los estudiantes a denunciar situaciones de abuso o discriminación por miedo a represalias.

Si bien la Corte Suprema dejó sin efecto la expulsión, no permitió que la estudiante volviera a la carrera, ya que confirmó la eliminación académica por sus reprobaciones.

Con esta decisión, el tribunal dejó en claro que una denuncia no puede ser castigada solo porque no se pueda probar, pero también reafirmó que el rendimiento académico sigue siendo un criterio válido para permanecer en una universidad.