En junio de 2017, una joven en Antofagasta fue agredida por un carabinero mientras grababa un control de identidad en la calle.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, sin previo aviso, el funcionario la tomó con fuerza, le aplicó una llave en la pierna y la hizo caer al suelo, causándole una fractura.

A pesar de que ella gritó de dolor y pidió ayuda, el carabinero la esposó y se sentó sobre ella, aumentando su sufrimiento.

Luego fue llevada a un vehículo policial y detenida, sin recibir atención médica inmediata. Su madre, al enterarse de lo ocurrido, inició un proceso legal para exigir justicia.

Después de varios años, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el fallo que obliga al Estado a pagar una indemnización total de $58.942.119.

De esa suma, $45.000.000 serán para la joven como compensación por el daño emocional y físico que sufrió, mientras que su madre recibirá $8.000.000 por el sufrimiento causado y $5.942.119 para cubrir los gastos médicos.

El tribunal determinó que la agresión fue injustificada y que otros carabineros presentes no hicieron nada para detener el abuso, lo que representa una falta de servicio por parte del Estado.

Además, se rechazó el argumento de que la responsabilidad era solo del funcionario que cometió la agresión, estableciendo que el Estado también debe responder por lo ocurrido.