Primer caso: Las 10.000 UF "perdidas"

Según Fiscalía, unas UF10.000 -$380.000.000 millones de pesos- es la cifra que habría sido entregada por la empresa Parque Capital a un personaje del gobierno de Piñera para que el Minvu apurara la aprobación de unos Informes Favorables para Construir (IFC) equipamientos comerciales ajenos a la agricultura en sectores rurales de la comuna de Lampa, lo que se logró con artificiosas interpretaciones reglamentarias.

Intervinieron en esa "indispensable solución", el abogado Luis Hermosilla, su colega y entrañable amigo Andrés Chadwick, mandamás de la cariñosa Universidad San Sebastián (USS), el otrora titular del Minvu, Felipe Ward, su entonces jefe de gabinete, Gonzalo Vega, y su respectivo Seremi, Manuel José Errázuriz.

En razón a que, a esta fecha, ninguno de ellos aparece como receptor de ese monto de dinero, le formulo un amable llamado al fiscal que tiene en sus manos la investigación que manifieste que esas UF10.000 llegaron a otro destinatario, con lo cual se deduce que los mencionados políticos ayudaron ad honorem a los hermanos Jalaff para que prosperara el negocio, ello en atención a que los mismos lo consideraron un gran aporte a la competitiva industria del bodegaje que existe en la región metropolitana de Santiago.

Segundo caso: La cuestionable ganancia de US$ 25.000.000

En una ocasión pasada dimos cuenta de un mega proyecto inmobiliario, de dos edificios en altura, ejecutado en la esquina de Américo Vespucio Sur con Renato Sánchez, comuna de Las Condes, acogiéndose a los beneficios constructivos contemplados para los Conjuntos Armónicos, ello pues se estimaba que el predio en donde se emplaza tenía algo más de 7.500 m2.

El arquitecto patrocinante de la fusión de predios y del proyecto era Pablo Letelier, el arquitecto revisor de la fusión de los predios, dependiente del Departamento de Urbanización de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes era Jorge Bravo y, el arquitecto revisor independiente de arquitectura, que firmó la solicitud del permiso era Mauricio Molina, quien en el pasado había ejercido el cargo de DOM en Las Condes.

Pero como todos esos destacados profesionales se "equivocaron" al establecer la superficie del terreno, unos vecinos que tenían conocimientos de aritmética básica, reclamaron al alcalde Joaquín Lavín, pues el terreno fusionado sólo alcanzaba a una superficie algo superior a los 7.300 m2 con lo cual se evidenciaba que era inaplicable la figura del Conjunto Armónico que aumenta en un 50% el coeficiente de constructibilidad y admite una altura superior del 25% de la fijada en el Plan Regulador Comunal (PRC).

Por ello, el alcalde Lavín le pidió a Rocío Crisosto, titular de la DOM, que procediera a invalidar dicho acto administrativo ilegal, lo que fue puesto en duda por dicha funcionaria municipal y por ello, para zanjar el intríngulis, fue necesario que la Seremi Minvu resolviera la controversia.

Esa función ministerial ofició a la DOM de que era procedente invalidar el permiso, pero ésta le desobedeció, a pesar de que es su jefatura superior, motivo por el cual, como era indiscutible el "error" cometido, Lavín procedió a firmar la invalidación, sin tener atribuciones para ello, lo que sabía.

En rigor, él debió ser imperativo con la funcionaria municipal, pues era su jefe administrativo, pero no lo hizo. Algunas de las obras estuvieron paralizadas un escaso período de tiempo, pero en la actualidad el proyecto está edificado, ¡era que no!, con todas las franquicias y beneficios de la norma de excepción de Conjunto Armónico.

Ello aconteció porque los inversionistas fueron a los tribunales y la 3a Sala de la Corte Suprema, con cuatro votos a favor y uno en contra, sin ir al fondo de la cuestión, sentenció que Lavín no estaba habilitado para invalidar el permiso y que, por lo tanto, el proyecto se debía considerar viable.

Acto seguido, la empresa exigió una indemnización por falta de servicio, la cual fue acogida por la Justicia y ahora la municipalidad tendrá que desembolsar US$11.000.000 más IVA e intereses, importante suma que ya estaría provisionada en el proyecto de presupuesto del año 2025.

Los abogados municipales intentaron dejar sin efecto la indemnización, pero lo hicieron con sospechosos y garrafales errores jurídicos, propios de estudiantes en práctica, por lo tanto les fue mal, y así se rechazó la causa civil, rol 11144-2024, con lo cual, como el proyecto logró los privilegios de Conjunto Armónico, al obtenerse ganancias adicionales por este concepto, se concluye que dispuso de un incorrecto provecho acumulado de US$25.000.000. 

Dado que es inaceptable el lucro a expensas de falsear las superficies reales de los predios fusionados, que es sinónimo de burlas al sistema, el 20/11/2024 la fundación Defendamos la Ciudad le entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitándole a su presidente, Raúl Letelier, que reciba a este columnista con el abogado Gabriel Muñoz, para explicarle todo el curioso proceso, pues estamos hablando de recursos fiscales que pagaría la negligente municipalidad de Las Condes. 

Si la nueva alcaldesa, Catalina San Martín, no está al tanto de este hecho, la invitamos para que nos acompañe a nuestra entrevista con el CDE, dejándose en claro que este oscuro episodio, mantenido en sigilo en el municipio, a partir de ahora se tendrá que revisar a fondo.