Las recientes definiciones en materia de financiamiento para la cultura, las artes y las humanidades han abierto un debate que trasciende ampliamente la discusión presupuestaria. Las modificaciones y ajustes introducidos en la convocatoria de los Fondos Cultura 2027 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Junto con la reducción de recursos destinados a líneas estratégicas como investigación y formación avanzada desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y la contingente falta de prioridad para las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales del concurso Fondecyt Postdoctoral obligan a preguntarnos qué lugar ocupa hoy la Cultura dentro del proyecto de desarrollo del país y ¿qué capacidades pierde una sociedad cuando disminuye su inversión pública en creación, conocimiento y pensamiento crítico?
Durante décadas hemos justificado la inversión cultural principalmente por su impacto económico. Y es cierto: las industrias culturales y creativas generan empleo, dinamizan economías locales, fortalecen cadenas de valor ligadas al patrimonio, al turismo, al diseño, al audiovisual, la música y las artes escénicas, entre otras.
Corea del Sur transformó la cultura en una estrategia nacional de desarrollo y posicionamiento internacional; Colombia ha consolidado espacios y acciones creativas territoriales como instrumentos de regeneración urbana; Brasil ha construido políticas culturales con fuerte incidencia territorial y comunitaria; India ha articulado patrimonio, industrias culturales y tecnologías digitales como parte de su economía creativa. La cultura alrededor del mundo produce valor y desarrollo económico.
Pero reducir el valor de la cultura a su dimensión económica es insuficiente. La cultura constituye, sobre todo, una infraestructura social para producir conocimiento, construir sentidos compartidos, pensamiento crítico e imaginar futuros posibles.
La Declaración Final de MONDIACULT 2022 y el Compromiso de Barcelona de MONDIACULT 2025 insisten en comprender la cultura como un bien público global y como condición indispensable para el desarrollo sostenible, la democracia, la diversidad cultural y el ejercicio efectivo de los derechos culturales (UNESCO, 2022; UNESCO, 2025). Del mismo modo, el informe mundial Re|Pensar las políticas culturales sostiene que la creatividad constituye un recurso estratégico para enfrentar los desafíos contemporáneos desde la innovación social, la participación y la cohesión democrática (UNESCO, 2022).
Desde esta perspectiva, la inversión pública en cultura nunca ha sido un gasto sectorial. Es una inversión en las capacidades de una sociedad para producir conocimiento, fortalecer la imaginación colectiva, ampliar el pensamiento crítico, el pluralismo sensible, y construir respuestas creativas frente a problemas cada vez más complejos. Allí donde disminuyen las posibilidades de investigar, crear, conservar patrimonio, experimentar artísticamente o formar nuevas generaciones de creadoras e investigadores en diversos contextos, disminuyen también las capacidades democráticas para comprender el presente y proyectar el futuro.
Este argumento adquiere especial relevancia en un contexto desigual de acelerada transformación digital. En tiempos atravesados por algoritmos e inteligencia artificial, el principal valor diferencial de nuestras sociedades ya no radica únicamente en el acceso a tecnología y la información, sino en la capacidad humana para interpretar, imaginar, crear y formular nuevas preguntas. La innovación tecnológica necesita imaginación creativa que guíe y acompañe su uso productivo, pero especialmente social, ético y democrático.
Por ello, resulta preocupante que las mayores reducciones anunciadas para los Fondos Cultura 2027 afecten a las áreas vinculadas a la investigación y formación —en Becas Chile Crea y en las líneas de Investigación— precisamente aquellas destinadas a fortalecer capacidades de largo plazo para el ecosistema cultural. El debate político necesita responder ¿Qué lugar ocupa la producción de conocimiento dentro de la política cultural chilena?
Las universidades conocemos bien esa pregunta. Formar artistas, investigadoras, curadoras, gestoras culturales y creadoras no significa únicamente preparar profesionales para un mercado laboral. Significa contribuir a formar ciudadanía crítica, ampliar los lenguajes con que una sociedad interpreta sus conflictos, fortalecer la diversidad cultural y garantizar que nuevas generaciones puedan participar activamente en la producción cultural del país.
Como Facultad de Artes, entendemos nuestra labor precisamente desde esa responsabilidad, promover procesos de creación artística en diálogo con las transformaciones sociales, fortalecer el trabajo colectivo y crítico, así como ampliar las posibilidades de acceso y participación en la vida cultural de toda la ciudadanía.
Las políticas culturales requieren, por cierto, ser evaluadas, modernizadas y mejoradas. Los fondos concursables presentan limitaciones ampliamente diagnosticadas; la descentralización sigue siendo insuficiente; persisten brechas de acceso y condiciones laborales precarias para buena parte del sector. Reformar estos instrumentos es una demanda necesaria, lo que no significa debilitar la inversión ni condicionar las temáticas o modos de producción para aquellas capacidades que sostienen la creación, la investigación y la producción de conocimiento.
Porque, finalmente, toda decisión presupuestaria expresa también una decisión sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Un país que deja de invertir en cultura no solo financia menos proyectos artísticos; renuncia, progresivamente, a ampliar su capacidad para producir conocimiento, fortalecer la imaginación colectiva, ejercer plenamente los derechos culturales y sostener una democracia capaz de pensar críticamente su propio futuro.