Las mujeres rurales no necesitan que el país siga elogiando su esfuerzo mientras normaliza las condiciones que hacen ese esfuerzo cada vez más difícil. Necesitan decisiones políticas.
Gobierno proyecta fin de Programa Mujeres Rurales. Créditos: INDAP.
Antes de que amanezca, miles de mujeres rurales ya comenzaron su jornada. Preparan el desayuno, alimentan animales, trabajan la tierra, cuidan a personas mayores, sostienen pequeños emprendimientos y, muchas veces, lideran la vida comunitaria de sus localidades. Cuando gran parte del país recién despierta, ellas ya han sostenido buena parte de la vida cotidiana de sus comunidades.
Sin embargo, esa realidad rara vez ocupa el centro del debate público.
Si en las ciudades persisten las desigualdades de género, en el mundo rural esas brechas se profundizan. La distancia a un hospital puede significar horas de viaje; la falta de transporte limita el acceso al empleo y la educación; la conectividad insuficiente reduce las oportunidades de emprender; la escasez hídrica amenaza la agricultura familiar. Y cuando una mujer enfrenta violencia, denunciar muchas veces implica recorrer kilómetros o exponerse en comunidades donde el anonimato no existe.
Por eso la igualdad también tiene territorio. Las oportunidades siguen dependiendo del lugar donde una persona nace o vive. Esa es una desigualdad silenciosa que condiciona la autonomía económica, la participación social y el ejercicio efectivo de los derechos. Hablar de justicia territorial es reconocer que la igualdad exige respuestas distintas para territorios distintos.
Quienes viven en el mundo rural conocen una verdad que a veces olvidamos en las grandes discusiones nacionales: Cuando el Estado se aleja, las necesidades no desaparecen, simplemente cambian de espalda. Y esas espaldas suelen ser las de las mujeres.
Son ellas quienes reemplazan la ausencia de un sistema de cuidados, postergan su trabajo para cuidar a un familiar, organizan redes solidarias en las emergencias y mantienen vivas las organizaciones sociales cuando los recursos escasean. Durante décadas han resuelto colectivamente aquello que el Estado no alcanza a cubrir. Pero esa capacidad de organización no puede transformarse en una excusa para abandonar los territorios.
Hoy Chile debate el tamaño y el rol del Estado. Es una discusión legítima, pero cualquier reforma debe responder una pregunta esencial: ¿quién asume los costos cuando disminuye la capacidad pública para garantizar derechos?
Cuando desaparecen programas de apoyo al emprendimiento femenino, se debilitan las políticas de cuidados o disminuye la presencia institucional en las zonas más alejadas, los efectos nunca son neutros. Recaen con mayor fuerza sobre quienes ya enfrentan mayores barreras.
Las mujeres rurales lo saben mejor que nadie. Saben que una sala cuna puede hacer posible mantener un emprendimiento; que un programa de fomento productivo puede significar independencia económica; que una buena conexión a internet abre nuevos mercados; que un centro de atención especializado puede cambiar la vida de una mujer que enfrenta violencia.
Por eso este debate no se trata de burocracia, se trata de democracia. Porque no existe libertad real cuando las responsabilidades de cuidado recaen casi exclusivamente sobre las mujeres. Y no existe desarrollo sostenible cuando la desigualdad territorial sigue definiendo las oportunidades de vida.
Las mujeres rurales no necesitan que el país siga elogiando su esfuerzo mientras normaliza las condiciones que hacen ese esfuerzo cada vez más difícil. Necesitan decisiones políticas. Decisiones que fortalezcan la agricultura familiar, amplíen la red pública de cuidados, mejoren la conectividad y acerquen la salud, la educación y las oportunidades a todos los territorios.
Porque las mujeres rurales llevan décadas sosteniendo a Chile. Ha llegado el momento de que Chile decida sostenerlas también.
