La democracia no es aquello para lo que la escuela prepara. La democracia es aquello que la escuela practica —o deja de practicar— cada día.
Imagen referencial de sala de clases.
Cada vez que una escuela enfrenta un episodio grave de violencia o una crisis de convivencia, la reacción suele ser inmediata: revisar reglamentos, fortalecer protocolos, incorporar nuevas sanciones o diseñar estrategias para evitar que el problema vuelva a repetirse. Son respuestas comprensibles y, muchas veces, necesarias.
Toda comunidad requiere acuerdos que orienten la vida colectiva y mecanismos para proteger a quienes la integran. Sin embargo, mientras concentramos nuestros esfuerzos en perfeccionar los sistemas normativos, una pregunta mucho más profunda permanece casi siempre fuera del debate: ¿cómo aprenden las personas a reconocer como legítimas las normas que organizan la vida en común?
La diferencia no es menor. Una norma puede cumplirse por obligación o por temor a una sanción. La legitimidad, en cambio, sólo surge cuando una comunidad descubre, a través de su propia experiencia, que determinadas formas de relacionarse hacen posible seguir habitando juntos un mismo mundo. Ese aprendizaje constituye una de las capacidades más complejas que una sociedad puede ofrecer a las nuevas generaciones.
Por eso la convivencia escolar no debiera entenderse únicamente como un problema de gestión institucional. La escuela es uno de los pocos espacios donde una sociedad puede aprender a convivir precisamente conviviendo. Ninguna clase de educación ciudadana puede sustituir la experiencia cotidiana de escuchar al otro, enfrentar desacuerdos, reparar un daño, asumir responsabilidades compartidas o participar en la construcción de acuerdos. La convivencia no se aprende estudiándola. Se aprende habitándola.
Esta idea adquiere especial relevancia en un tiempo en que las dificultades para construir acuerdos parecen extenderse mucho más allá de las escuelas. Sin necesidad de establecer paralelos directos, resulta evidente que muchas de las tensiones presentes en la vida pública también atraviesan las comunidades educativas. Lo que ocurre en una escuela nunca es un asunto exclusivamente escolar. En ella también se ensayan formas de autoridad, participación y construcción de legitimidad que acompañarán a niños y jóvenes durante toda su vida.
Hace veinticinco años comenzamos en Novomar un camino cuyo propósito era mucho más sencillo que elaborar una teoría sobre la convivencia. Queríamos construir una escuela capaz de acoger a estudiantes con trayectorias complejas, profundamente diversas y, ofrecerles un lugar donde pudieran aprender sin renunciar a quienes eran. Muy pronto comprendimos que las transformaciones más profundas no aparecían cuando agregábamos nuevas reglas, sino cuando la propia comunidad comenzaba a producir experiencias compartidas de confianza, reparación, co-responsabilidad y participación.
Con el tiempo advertimos que aquello iba mucho más allá de mejorar la convivencia escolar. Los estudiantes no sólo aprendían a respetar acuerdos; comenzaban a experimentar cómo esos acuerdos podían surgir de la propia vida comunitaria. La autoridad dejaba de descansar exclusivamente en el reglamento y encontraba sustento en una legitimidad construida colectivamente. Las conversaciones restaurativas, la participación de las familias, los proyectos territoriales y el protagonismo infantil constituían, en realidad, el espacio donde la comunidad aprendía cómo producir las condiciones que hacían posible seguir conviviendo.
Esa experiencia nos llevó a formular una pregunta distinta. Tal vez el objetivo más importante de la convivencia escolar no sea enseñar a obedecer normas, sino desarrollar la capacidad de una comunidad para producir legitimidad. El desafío ya no consiste únicamente en formar estudiantes capaces de cumplir reglas, sino personas capaces de participar activamente en la construcción de las condiciones que hacen posible la vida en común.
En esta búsqueda, encontramos en la obra del jurista Robert Cover un concepto que ayudó a nombrar parte de esta experiencia. Cover llamó jurisgénesis a la capacidad de las comunidades para producir sus propios universos normativos. Sin embargo, la experiencia de Novomar nos llevó a ampliar esa intuición. Las comunidades no producen únicamente normas; producen formas de habitar. Cuando esas formas de habitar se consolidan mediante la experiencia compartida, las normas dejan de ser simples instrumentos de regulación para convertirse en expresiones de una legitimidad previamente construida por el convivir.
Desde esta perspectiva, la escuela deja de ser solamente una institución encargada de transmitir conocimientos y administrar la disciplina. Se convierte en un laboratorio donde las nuevas generaciones experimentan cómo una comunidad construye acuerdos, enfrenta sus conflictos, repara sus vínculos y aprende a sostener aquello que considera valioso. La jurisgénesis y la jurisprudencia dejan entonces de ser únicamente conceptos jurídicos para convertirse en tecnologías culturales mediante las cuales una comunidad aprende a producir y cultivar su propia legitimidad.
Pensar la convivencia desde esta perspectiva implica un cambio profundo. El centro ya no está puesto exclusivamente en el control del comportamiento, sino en el cultivo de las capacidades comunitarias que hacen posible la legitimidad. Ningún reglamento o protocolo, por bien redactado que estén, puede sustituir el aprendizaje que ocurre cuando una comunidad participa activamente en la construcción de su propio convivir.
Tal vez esa sea una de las tareas más importantes de la educación contemporánea: ofrecer a las nuevas generaciones la experiencia concreta de participar en la creación de los mundos que algún día deberán sostener y transformar. La democracia no es aquello para lo que la escuela prepara. La democracia es aquello que la escuela practica —o deja de practicar— cada día.
