Avanzar hacia una inclusión laboral efectiva exige que los derechos reconocidos por la ley puedan ejercerse oportunamente. Reducir los tiempos de entrega de las credenciales no es solo agilizar un trámite: es eliminar una barrera de acceso a derechos también.
La normativa vigente respecto a la inclusión laboral, declara que las empresas sobre 100 trabajadores, el 1% deben ser personas en situación de discapacidad. Y la única forma de certificar esta situación es con una credencial de discapacidad
En este contexto, resulta relevante el próximo nombramiento del Superintendente de Seguridad Social. Actualmente, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) no cuenta con un jefe titular. La falta de una autoridad titular puede dificultar la decisión de impulsar cambios mayores o abordar problemas que requieren conducción y respaldo institucional.
Hoy, el Presidente Kast tiene en sus manos la decisión respecto de la terna propuesta para designar al futuro Superintendente. Esta decisión debiera ser prioritaria, considerando las facultades que la ley entrega a esta institución y su impacto en el acceso efectivo a derechos de las personas con discapacidad. Pero también porque una SUSESO con conducción y capacidad de gestión es fundamental para empujar una agenda de reactivación económica y laboral que incorpore plenamente a las personas con discapacidad, promoviendo su participación, autonomía y acceso efectivo al empleo.
Uno de los problemas que requiere atención es el retraso en la entrega de las credenciales de discapacidad. Para muchas personas, obtener este documento puede tomar meses, extendiendo innecesariamente un proceso que debiera ser oportuno y accesible. La credencial no es un trámite menor: constituye una herramienta fundamental para acreditar la situación de discapacidad y acceder a derechos, beneficios y oportunidades.
Cuando su entrega se posterga, también se retrasan procesos que requieren esta acreditación, afectando el acceso a apoyos y dificultando la participación plena en ámbitos como la educación, el empleo y la vida social. El problema, por tanto, no es solamente administrativo. Una demora institucional puede convertirse en una barrera concreta para el ejercicio de derechos.
Esta responsabilidad no recae únicamente en la SUSESO. El Ministerio de Salud también tiene un rol central en la celeridad del proceso de certificación, considerando que de él dependen las SEREMI donde funcionan las COMPIN regionales y el Departamento de COMPIN Nacional, alojado en la Subsecretaría de Salud Pública.
Desde Fundación Wazú, organización que trabaja por la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, consideramos estratégico concretar el nombramiento del nuevo Superintendente y abordar estas demoras con decisión. Avanzar hacia una inclusión laboral efectiva exige que los derechos reconocidos por la ley puedan ejercerse oportunamente. Reducir los tiempos de entrega de las credenciales no es solo agilizar un trámite: es eliminar una barrera de acceso a derechos también.
