El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, ha sido enfático en defender el principio de "pesca para el que pesca" como base del nuevo fraccionamiento. Sin embargo, esta postura ha encontrado resistencia por parte de algunos sectores que ven en el proyecto un "salto al vacío" y exigen mayores garantías.

Esto luego de que, tras meses de poco avance en la tramitación de la nueva Ley de Pesca, el Gobierno decidiera separar estos artículos y tramitarlos por separado. Lo que fue aprobado en su idea de legislar el lunes pasado y que ya se empieza a discutir en profundidad en la comisión, no sin disyuntivas.

Jurel

Una de las principales controversias gira en torno al fraccionamiento del jurel. La propuesta actual establece un 30% para artesanales y 70% para industriales en la zona norte (Arica a Coquimbo), mientras que en la zona centro-sur (Valparaíso a Los Lagos) se propone un 15% para artesanales y 85% para industriales. Una diferencia que ha sido criticada por representantes de la pesca artesanal del sur, quienes consideran que se les está tratando como "pescadores de segunda categoría".

El subsecretario Salas justificó esta distinción argumentando que "en el norte el jurel va destinado en su totalidad a reducción, en cambio en el sur, un porcentaje va destinado a proteger el consumo humano". No obstante, esta explicación no ha sido suficiente para acallar las críticas de quienes ven en esta medida una discriminación injustificada.

En este contexto, la diputada Tello (FA) adelantó en una entrevista con El Desconcierto que presentará propuestas para modificar estos porcentajes. "Tengo una propuesta, por ejemplo, en la lógica de que el jurel sea 50 y 50, a mí me parece que eso sería un avance relevante", indicó.

Merluza común

En cuanto a la merluza común, la Federación Nuevo Amanecer, que representa a la mayoría de las caletas de la quinta región, propone una distribución equitativa del 50% para cada sector. Argumentan que en los últimos años apenas han conseguido el 30% de la cuota, lo que ha llevado a muchos pescadores artesanales a depender de la captura de jibia como sustento alternativo.

Anchoveta y Sardina común

Otro punto de conflicto es el fraccionamiento de anchoveta y sardina común en las regiones de Valparaíso hasta Los Lagos. El proyecto propone un 88% para los artesanales y un 12% para los industriales. Sin embargo, representantes del Sindicato de Pescadores de Coliumo, Lebu, advierten que este nuevo esquema podría tener efectos económicos negativos para las embarcaciones artesanales, ya que disminuiría la cuota que la industria destina a las cesiones, un mecanismo que actualmente genera un equilibrio económico para una gran cantidad de embarcaciones artesanales.

Además, la diputada Tello mencionó que, para especies como la anchoveta o la sardina, su propuesta es que el 99% sea para la pesca artesanal y un 1% para los industriales. No obstante, Tello aclaró que están abiertos a discutir estos porcentajes con las organizaciones de pescadores artesanales.

La Asamblea Nacional de Pesca Artesanal, por su parte, ha solicitado que se considere cuota para carnada, fauna acompañante y especies asociadas en el sector pelágico, argumentando que se requiere un porcentaje mayor para viabilizar la pesquería. Además, han propuesto que la reineta sea 100% artesanal, asegurando que esto no implicaría necesariamente "sacar" al sector industrial debido a los porcentajes de fauna acompañante establecidos en decretos anteriores.

Industriales acusan inconstitucionalidad

Desde el sector industrial, representado por Sonapesca, se ha cuestionado la constitucionalidad de la discusión, argumentando que los actuales fraccionamientos tienen vigencia hasta 2032. Han señalado que existe un derecho de propiedad sobre las licencias transables de pesca que está protegido constitucionalmente, y advierten que el proyecto de ley podría vulnerar garantías esenciales y socavar la certeza jurídica.

El debate también ha tocado temas como la creación de macrozonas y la autonomía regional en la administración de los recursos pesqueros. Mientras algunos parlamentarios, como el diputado Calisto, abogan por respetar la autonomía regional y rechazan la creación de macrozonas, otros, como el diputado González, se muestran abiertos a discutir esta posibilidad.

El proyecto también contempla la posibilidad de licitar un 15% adicional por incremento en la Organización Regional de Pesca, una propuesta que ha sido rechazada por varios sectores de la pesca artesanal.

En este contexto el presidente de la comisión, diputado Jorge Brito, solicitó un estudio a la Biblioteca del Congreso sobre la recaudación fiscal relacionada con los mecanismos de autorización de la pesca, incluyendo licitaciones y subastas, tanto en la ley actual como en la iniciativa en discusión.

Indicaciones

Con el plazo de presentación de indicaciones fijado para el 23 de septiembre, se espera que el debate continúe intensificándose en las próximas semanas, con el desafío no menor de fijar un nuevo fraccionamiento que deje contentos a la gran mayoría de los actores involucrados.