Una norma que no se aplica debilita la institucionalidad, la situación amerita atención por parte de quienes deben supervigilar los compromisos de Chile ante el mundo y la ciudadanía en materia climática.
Jornada de trabajo del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de Chile - Imagen: @achmchile
El 13 de junio la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455) cumplió cuatro años y se cumplió el plazo para la entrega de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), que ya se había extendido en un año: ¿Cumplieron las comunas?
No lo sabemos con certeza debido a que no existe un documento o una página oficial de alguna repartición del Gobierno que publique y actualice la información sobre el cumplimiento por parte de las municipalidades. Ante esta carencia, a partir de una búsqueda en las páginas de cada una de las 346 comunas del país, encontramos que 72 municipios tienen su PACCC vigente y disponible para acceso público en internet, es decir, cerca del 20%.
Otros 38 municipios informan haber realizado sus planes, pero no fue posible verificar si están aprobados por el respectivo Concejo Municipal. En total tendríamos 110 municipalidades que han elaborado sus PACCC, lo que implica que, al 13 de junio de 2026, fecha de vencimiento del plazo extendido, un 32% de los alcaldes cumplió el mandato legal.
Los PACCC son un documento que corresponde a un instrumento de planificación del municipio. El artículo 12 de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455) establece que los municipios deben elaborar estos planes en coherencia con la Estrategia Climática de Largo Plazo del país y los Planes de Acción Regional del Cambio Climático (PARCC).
La Ley indica que los PACCC deben contener un diagnóstico de la vulnerabilidad de la comuna frente al cambio climático y definir las medidas de acción que la comuna planifica tomar, indicando plazos, responsables, formas de financiamiento e indicadores de seguimiento.
A tres años de publicada la Ley (13 de junio de 2025) cada comuna debía tener su PACCC. El cumplimiento fue de menos de un 20% y la ley se modificó para dar un año más de plazo. La Ley (artículo 12, inciso segundo) establece una multa de un mes de sueldo a los alcaldes que no cumplan con el plazo, no obstante, esta sanción es inaplicable porque la Ley no señala qué organismo fiscalizador está facultado para aplicar esta sanción. Esa fue la conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República en su dictamen E74165N25 de mayo de 2025, que puso en conocimiento del Presidente de la República este vacío legal.
Los municipios son responsables de elaborar sus PACCC con recursos propios y el Ministerio del Medio Ambiente entrega lineamientos sugeridos para este fin. Los 72 planes vigentes y disponibles fueron elaborados por funcionarios de la municipalidad o por terceros -por ejemplo, una consultora contratada para este propósito- y consisten en un documento que debiera cumplir con lo exigido por la Ley.
Para entrar en vigencia, el documento debe ser presentado por el alcalde al Concejo Municipal para su aprobación, y si el Concejo lo aprueba, el PACC está vigente. Los municipios no tienen obligación legal de publicar sus instrumentos de planificación, lo hacen según sus propias políticas de transparencia. El contenido de los PACCC no pasa por una revisión técnica, por lo que no podemos asegurar si los PACCC vigentes responden a las exigencias de la Ley 21.455 ni cuál es su aporte a la resiliencia comunal.
Es posible concluir que el 68% de las municipalidades no ha dado cumplimiento a lo exigido por el artículo 12 de la Ley 21.455 hace cuatro años. ¿Por qué no lo han hecho? Podemos aventurar algunas razones: la prioridad que pueden darle las municipalidades a esta materia, sus capacidades para destinar recursos humanos y financieros a la tarea, y el rol de las entidades que coordinan y supervigilan el proceso.
La planificación para la acción climática a nivel comunal no está funcionando, no hay PACCC en la mayoría de los municipios, y aquellos donde sí hay no sabemos si son instrumentos que puedan aportar efectivamente a la resiliencia climática de las comunas. Una norma que no se aplica debilita la institucionalidad, la situación amerita atención por parte de quienes deben supervigilar los compromisos de Chile ante el mundo y la ciudadanía en materia climática.
