Los municipios impugnan 1% de los proyectos de inversión que ingresan a evaluación ambiental, pero logran frenar uno de cada tres proyectos cuando intervienen.
Proyectos de inversión con impacto ambiental en Chile.
Foto: Captura de video.En los últimos años se ha instalado en Chile la percepción de la “permisología”, entendida como una burocracia excesiva, que frena la inversión en Chile. Este discurso ha sido criticado no solo porque menosprecia la importancia de la evaluación ambiental de proyectos para reducir sus impactos, sino porque en algunos casos no se condice con los hechos.
Un nuevo estudio de la Universidad Adolfo Ibañez analizó todos los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante la última década y concluyó que los gobiernos locales impugnan apenas el 1% de las iniciativas evaluadas.
Aunque intervengan poco, cuando lo hacen la medida tiene efecto. El estudio encontró que uno de cada tres proyectos impugnados por un municipio terminan frenados temporal o definitivamente, por rechazo, revocación, caducidad o desistimiento.
Los proyectos que generan más conflictos proporcionalmente son los de infraestructura portuaria y los de transporte. Al analizar los números completos, los sectores inmobiliario y de energía son los que concentran más conflictos, pero también son los que presentan más cantidad de proyectos.
Una de las investigadoras que lideró el estudio declara que la alta tasa de conflictividad de estos rubros puede explicarse en parte porque son sectores que carecen de mecanismos legales para transferir beneficios económicos a las comunas afectadas, como sí lo puede hacer la minería que presenta una tasa de conflictividad menor al 1%.
Los resultados del estudio fueron presentados en un conversatorio donde el alcalde de Punta Arenas y presidente de desarrollo sustentable de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Radonich, advirtió sobre la debilidad institucional de los municipios frente a proyectos de envergadura nacional.
"No somos actores principales, nuestro rol es como el de los invitados", graficó. El edil cuestionó además que el sistema asuma una capacidad técnica uniforme sin distinguir "si estamos en Las Condes, Olmué o en Puerto Williams", y exigió reglas de compensación más claras: "Las compensaciones deben ser una cosa más transparentada y que no sea por una negociación uno a uno, como lamentablemente uno siente que quien tiene más capacidad de lobby, gana".
