El edil de Puerto Varas cuestionó las propuestas de compensación por la exención universal de contribuciones contemplada en la megarreforma tributaria y propuso una fórmula mixta para apoyar a los municipios.
En el marco de la discusión de la megarreforma tributaria impulsada por el Gobierno —que incluye la exención transversal de contribuciones a personas mayores de 65 años—, El Desconcierto conversó con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate.
La medida le costará al Fisco cerca de 200 millones de dólares al año, y su fórmula de compensación enfrenta posturas distintas: el Gobierno propone financiar parte con IVA, mientras la oposición exige destinar todo el monto al Fondo Común Municipal. El desacuerdo llevó a que la norma no alcanzara el quórum en la Cámara y quedara pendiente de resolución.
Para el jefe comunal, la reforma tiene elementos valiosos —como los incentivos a la inversión—, pero considera que priorizar la exención universal de contribuciones antes que otras urgencias sociales, como el déficit habitacional, la salud o la seguridad, no es lo más adecuado. En ese sentido, Gárate propone además una fórmula mixta de compensación municipal y apunta a una falta de unidad del gremio de alcaldes frente al debate.
- ¿Cuál es su visión sobre el desenlace de la megarreforma?
Hay elementos valiosos para la realidad nacional que enfrentamos. Dinamizar nuestra economía en un contexto de bajo crecimiento es importante, y ajustarnos al promedio de la OCDE en tributación de empresas me parece relevante.
Pero es fundamental bajar a tierra y tener mayor certeza sobre cómo se busca equilibrar la deuda pública y la reducción de la recaudación fiscal, y cómo eso retorna vía inversión. Ese es un supuesto teórico que requiere mayor precisión.
De lo contrario, el estrés que eso genere en las políticas públicas y el gasto social —que es de primera necesidad— podría verse afectado. Recordemos que ya existen entidades que han manifestado inquietudes al respecto. Necesitamos esa certeza como país.
- ¿Qué le parece que en la exención transversal de contribuciones no haya focalización?
Todos quisiéramos que no existieran las contribuciones. No hay una predisposición generalizada a cobrar impuestos; por eso lo ideal es que el impuesto que se cobra a las personas sea lo más eficiente posible.
Para eso son necesarias dos cosas. Primero, la eficiencia del gasto público: llegamos a esta discusión por una percepción justificada de que el gasto público no es eficiente. Si logramos revertir eso, la gente pagará sus impuestos con la convicción de que financian un sistema que entrega servicios de calidad.
Segundo, Chile no es un país particularmente rico. Hay personas que mueren esperando una operación, familias que esperan décadas por una vivienda con un déficit habitacional creciente, y problemas de inseguridad y narcotráfico que están permeando con fuerza nuestra sociedad.
Por eso me hace ruido que se haya priorizado una extensión universal de contribuciones. No es que no me haga sentido —en general me gustan las políticas públicas universales—, pero no puede saltarse la fila frente a necesidades más básicas. Todo esto se financia con plata.
La extensión de contribuciones le costará al país 200 millones de dólares, que saldrán del mismo bolsillo de impuestos que todos pagamos, y beneficiará al 16% de las personas mayores que hoy no están exentas. En el contexto actual, no me parece lo más prioritario. Podríamos redistribuir esos recursos hacia otras necesidades básicas, o avanzar hacia una fórmula progresiva y focalizada en vez de una extensión universal inmediata.
- ¿Qué opina de la propuesta del Gobierno, sostenida en un 50% por el IVA, y de la propuesta de la oposición de destinar todo el dinero al Fondo Común Municipal?
En estos debates se tiende a poner todo en blanco y negro, y eso lleva a tomar trincheras. Hay que partir de la base de que las comunas con impacto concreto en la recaudación de ingresos propios permanentes deben ver compensada esa disminución, para que no se afecten los presupuestos municipales. Eso es básico.
Pero también hay que aprovechar la instancia para incluir un componente de distribución territorial, que permita disminuir progresivamente la desigualdad que existe entre los presupuestos municipales.
Mi visión es mixta: deberíamos avanzar hacia la cobertura más alta posible del déficit de cada municipio, pero sin que sea el 100%. Si una municipalidad tiene una reducción de cierto monto, no creo que deba compensarse en su totalidad; podríamos usar un margen —por ejemplo, un 70-30— para redistribuirlo hacia comunas más pequeñas o con menor presupuesto per cápita. El impuesto lo pagamos todos, y debe primar la búsqueda de un bien común por sobre el interés particular de cada comuna.
- ¿Cómo evalúa la coordinación de la Asociación de Municipalidades y la forma en que el Gobierno y el Parlamento han manejado las conversaciones con los municipios?
Dentro del municipalismo no hemos logrado articular una sola voz, y eso me parece muy triste. El municipalismo tiene algo bonito: nos hace trabajar todos con la misma mirada. Por eso veo un fracaso del municipalismo en la situación actual, no hemos logrado trabajar de forma conjunta y transversal para construir una propuesta consensuada.
Eso desordena todo lo demás, más allá de la disposición del Gobierno a establecer un espacio de diálogo, que no ha sido menor. El acuerdo firmado en La Serena se destruyó rápidamente; fue muy frágil y no nos permitió avanzar. Las divisiones que hoy se generan en el municipalismo son grandes, con riesgo de desarticulación de las propias organizaciones.
Eso es muy dañino, porque las municipalidades van a perder representatividad en las discusiones nacionales. Me entristece ver a alcaldes enfrentándose entre ellos a través de la prensa; esa no es la forma de representar a los municipios. Lo que buscamos es que los gobiernos locales pasen de ser administradores a ser gobiernos autónomos, con toma de decisiones y autonomía financiera y política propia.
- Puerto Varas ha destacado por el aumento de sus ingresos propios. ¿Es un tema de condiciones estructurales o de gestión? ¿Qué consejo daría a otras comunas?
Hay una entrevista del alcalde Sichel que me hizo mucho sentido en un punto específico: hay una flojera municipal en la recaudación. Es una discusión necesaria.
Cuando asumí como alcalde, existía la percepción de que Puerto Varas era una comuna rica, por su industria, comercio, casino y población. Pero el ingreso per cápita que teníamos en 2021 era equivalente al de nuestras comunas vecinas. Al revisarlo, vimos que había una capacidad de recaudación completamente desaprovechada: en patentes comerciales, impuesto territorial, permisos de edificación y derechos de aseo.
El pago de derechos de aseo, por ejemplo, no supera —según mi estimación— el 15% o 20% de lo que debería recaudarse a nivel nacional. Los municipios nos concentramos mucho en buscar plata afuera, pero poco en recaudar los impuestos locales, que son los de mayor calidad porque son permanentes y nos dan autonomía.
Ese fue nuestro foco: robustecer la capacidad de cobranza, con tecnología, capacidad técnica y metodología. Logramos duplicar los ingresos propios permanentes en cuatro años. Eso nos permite tomar decisiones sin depender del gobierno central ni del gobierno regional —aunque colaboramos con ambos—, invertir en infraestructura, crear programas como la enseñanza de natación municipal para todos los niños de tercero básico, o comprar terrenos para viviendas sociales.
En ese sentido los derechos de aseo son un impuesto interesante: cuestan entre 65 mil y 70 mil pesos al año, existe una estructura de exención para la población vulnerable, y aun así la base de quienes pagan es muy baja en la mayoría de las comunas.
Eso ocurre porque el cobro depende de cada municipio y no de otra entidad, lo que genera un desincentivo político: nunca es popular cobrarles a los propios vecinos. Pero los municipios tenemos que asumir las buenas y las malas.
- Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a sus vecinos sobre este tema?
Es muy importante la discusión que tenemos como país sobre cómo reactivamos la economía y recuperamos el crecimiento en un momento de estancamiento objetivo. La megarreforma incluye elementos importantes en incentivos tributarios y en agilizar la estructura de permisos para la inversión, pero eso requiere certeza sobre cómo se equilibra el retorno de esa inversión con la disminución de la recaudación fiscal, para no afectar las políticas sociales.
Respecto a las contribuciones, es una discusión legítima y una aspiración válida, pero no es la prioridad social que debiésemos tener hoy. Priorizar un gasto permanente de 200 millones de dólares al año debiese ir a urgencias más directas —déficit habitacional, salud, seguridad— antes que a una extensión universal. Podríamos avanzar de forma progresiva y focalizada.
En cuanto a la compensación, tenemos que abandonar las trincheras en las que estamos hoy y avanzar hacia una propuesta mixta, que compense a los municipios afectados pero también incluya un porcentaje de redistribución, para lograr un mayor consenso.
