En casi todos los países del mundo opera el sistema económico de libre mercado, con variantes, según las corrientes políticas que ejercen el poder en ellos.

El caso más llamativo y curioso lo vemos en Argentina, cuyo bullicioso presidente Milei -un verdadero showman-, se vanagloria de odiar al Estado porque, según él, todos los funcionarios son de la peor calaña y que la solución para promover el acelerado crecimiento en especies son las libres transacciones entre privados, sin injerencia alguna del aparato público.

En una de sus exposiciones ante importantes empresarios, los invitó a que, con rebuscados ardides contables, se las arreglaran para pagar menos impuestos, pues tales ahorros ellos los utilizarían de mejor manera. El auditorio festejó con aplausos esa pachotada.  

Está claro que en ningún país del mundo existe un presidente que, sin serlo, se autodenomina como doctor en economía, con esas brutales características. Pero en esta ocasión informaré sobre algunos malos y recientes comportamientos que se han producido en Chile, que son atentatorios al libre mercado, pues rompen abruptamente los equilibrios vigentes en nuestras leyes de vivienda, urbanismo y medio ambiente, dejándose en claro que hay diferencias entre inversionistas y empresarios.

Durante la semana pasada, en un farandulero programa del canal abierto Chilevisión, se entrevistó al disruptivo hombre de televisión, Emeterio Ureta, quien mostró en cámara oficios de la dirección de obras de la municipalidad de Lo Barnechea y sentencias del juez de Policía Local, en los cuales se daba cuenta que un particular, vecino de su casa-habitación localizada en El Arrayán, de esa comuna, había ocupado un terreno singularizado como bien nacional de uso público, habiendo construido allí una vivienda. Ureta es un deslenguado ciudadano que no miente y en la ocasión trató de la peor manera a todas las autoridades municipales.

Debido a que este columnista consideró que esta denuncia pública, a cara descubierta, lo que es muy meritorio, era grave, el mismo día por mail  le consultó a Marcela Migueles, funcionaria que había firmado los oficios incriminatorios, en qué fecha su función municipal iba a recuperar el terreno tomado aviesamente por un privado "pasado pa' la punta", desenmascarando  transparentemente al sujeto.

Ella, que posiblemente es hermana o al menos pariente de Gonzalo Migueles, novio de Ángela Vivanco, magistrada de la Corte Suprema, optó por no contestar, aunque sí le dijo a Chilevisión que, después de nuevos y rápidos análisis (sic), por arte de magia, llegó a la conclusión que el terreno era privado y para castigar al acusete, manifestó que su casa carecía de recepción final de obras.

En otro tema, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) recientemente, desconociendo el artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y los artículos 2° y 3° del DL 3.516, cuerpos legales que impiden expresamente las subdivisiones prediales en parcelas de agrado para fines habitacionales en territorios rurales del país, decidió motu proprio que ocho loteos ejecutándose ilegalmente en la región de Los Lagos, debían someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Podríamos suponer que dicha SMA desconoce los dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos de la Corte Suprema al respecto.

Ella, Marie Claude Plumer, que es abogada, estimaba erróneamente que su decisión se ajustaba a una disposición contenida en el reglamento del SEIA que exige la evaluación ambiental para los proyectos de desarrollo urbano “que contemplen conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a ochenta (80) viviendas o, tratándose de vivienda social, vivienda progresiva o infraestructura sanitaria, a ciento sesenta (160) viviendas”.

De su simple lectura, hasta un estudiante en práctica, concluye que esta disposición es inaplicable, razón por la cual esta equivocación se denunció el 12/07/2024 en la Contraloría General de la República. Debido a que las obras ilegales se estaban ejecutando, la SMA debió iniciar un procedimiento sancionatorio por daño ambiental en conformidad con la ley N° 19.300. 

Cumpliendo con nuestra voluntaria labor de fiscalización ciudadana, ante una intentona de la Asociación de Oficinas de Arquitectos A.G. para mejorar el negocio inmobiliario en el ámbito de los Conjuntos Armónicos, el 07/07/2024 le solicitamos a la Contralora Dorothy Pérez una reconsideración a un dictamen erróneo firmado por el anterior contralor Jorge Bermúdez, texto que se aprecia acá.

Con estos tres ejemplos se demuestra que la Administración del Estado, por ingenuidad o para congraciarse con los grandes empresarios, tiende a favorecer sus intereses mercantiles, lo cual distorsiona las reglas del juego y por lo tanto, son contrarios a la esencia misma del capitalismo, tal como lo entendía Adam Smith.

Finalmente, si queremos una razonable y sana competencia de los empresarios en los mercados, cuyos beneficiados serían los compradores de sus bienes y servicios, ellos, aunque les cueste, deben pagar sus tributos sin elusión y menos evasión, pues así se combate la corrupción que existe con diferentes niveles en todos los países del planeta, aunque en los de Europa, EEUU y Canadá no es tan escandalosa. Por ser países desarrollados las trampas que se cometen allí son más sofisticadas y la Justicia es imparcial.

Pero como hay mucha hipocresía en el mundo, todavía se mantienen muy activos los paraísos fiscales para que los más poderosos depositen sus dineros mal habidos y efectúen transacciones fraudulentas, recordando los malabares de los fondos buitres, ello a pesar de las sesudas declaraciones a favor de la probidad y transparencia en los negocios, por parte de los altos funcionarios de la Unión Europea, OCDE, BID, Federal Reserve, ONU, Banco Mundial, FMI, prestigiosas universidades, etc. etc. 

Ya que estamos hablando de honestidad y reglas claras para todos y que, disponer de dinero no es malo per se, esperaríamos que en Chile se apruebe pronto la legislación que termine con el secreto bancario, teniéndose presente que la pobreza existente se reduce cuando el Estado, procediendo con rectitud, dispone de mayores presupuestos.  

Autor de la columna: Patricio Herman 

Crédito de la foto: Agencia Uno