Detenida ilegalmente por agentes del Estado después del golpe de Estado en 1973, cuando apenas tenía 19 años, una mujer fue sometida a torturas y abusos que dejaron profundas cicatrices emocionales y físicas.

Años más tarde, buscando justicia y reparación, llevó su caso ante los tribunales, pidiendo ser compensada por el grave daño moral que sufrió.

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Inicialmente, un tribunal en Santiago reconoció su sufrimiento y le otorgó una compensación de 100 millones de pesos. Sin embargo, esta decisión fue cambiada por la Corte de Apelaciones, que redujo la cantidad a 30 millones, argumentando razones que no fueron bien explicadas, dejando a esta mujer y sus defensores insatisfechos y buscando respuestas.

El 22 de abril de 2024, la Corte Suprema intervino para corregir lo que muchos vieron como una injusticia hacia hacía esta mujer.

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Tras revisar el caso, la Corte decidió que la reducción de la compensación no estaba justificada adecuadamente y estableció un nuevo monto de 70 millones de pesos.

La Corte Suprema enfatizó que el daño que esta mujer había sufrido era real y profundo, y que el Estado debe ser responsable de los actos de sus agentes.

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