En vísperas del Día internacional de la Mujer, Francia formalmente ratificó el derecho al acceso de aborto en su Constitución. Esta decisión no cambió el acceso a aborto en el país, pues el aborto ha sido legal en Francia desde 1975, pero el cambio fue una fuerte señal del interés en proteger el acceso a aborto, y los derechos reproductivos de las mujeres de forma más general.

Este cambio –el vigésimo quinto a la Constitución de Francia originalmente ratificada en 1958– ha sido celebrado como un avance importante en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres, y así fue reconocido por el gobierno de Francia en una ceremonia el viernes 8 de marzo: el Día internacional de la Mujer.

El cambio de Constitución en Francia ha sido leído por algunos como una reacción a otros casos recientes donde el derecho de acceso al aborto fue restringido, a pesar del amplio apoyo que tenía. Un ejemplo emblemático de esto fue el caso de Estados Unidos, donde en 2022 la Corte Suprema eliminó la protección constitucional al acceso al aborto.

Esta decisión fue tomada aun cuando una mayoría sustantiva de la población apoyó el acceso de aborto, según encuestas grandes y nacionalmente representativas. Es interesante notar que, tanto en Francia como en EEUU, la mayoría de la población está de acuerdo con que el aborto sea legalmente disponible, pero el Estado de Derecho en ambos casos es radicalmente distinto.

En Chile, como también en EEUU y Francia, la mayoría de la población está de acuerdo con la legalización del aborto, o de forma general, o en algunas circunstancias. Parcialmente en línea con esto, en 2017 se aprobó la ley de interrupción voluntaria de embarazo en 3 causales. A casi siete años de la promulgación de la ley de tres causales, vale la pena preguntar cómo ha sido el acceso a aborto en Chile.

Lo que se observa en las cifras agregadas publicadas por el Ministerio de Salud es relativamente poco acceso a la ley: desde la fecha de implementación hasta el final de 2023, hubo 4,817 casos presentados, de los cuales 4,092 terminaron en una decisión de interrumpir el embarazo. A través del tiempo las cifras se han mantenido bastante estables. En 2019 hubo 818 casos presentados, comparado con 937 casos reportados en 2023.

Estas cifras, desde luego, son muy inferiores a la cantidad de abortos efectivamente realizados por año en Chile. Dada la clandestinidad, no se sabe con certeza la cifra real de abortos realizados, pero estimaciones realizadas por el Instituto Chileno de Medicina Reproductivo sugieren que podrían ser alrededor de 60.000-70.000 abortos por año. Esto está en línea con la evidencia empírica internacional.

Estimaciones sugieren que una falta de acceso a aborto seguro no tiende a reducir la cantidad de abortos, sino que los mueve a lugares menos seguros. Y es más, esta evidencia sugiere que las tasas de aborto han caído justamente en países donde el acceso a aborto es legal, y no en los lugares donde el acceso es ilegal o altamente restringido. Este hecho es potencialmente consistente con planes de apoyo, incluyendo la entrega de información y anticonceptivos que muchas veces acompañan a las leyes que legalizan la interrupción voluntaria del embarazo.

Por su naturaleza y los límites impuestos en la ley de tres causales, nunca se iba a abrir el acceso a aborto a una porción grande de la cantidad estimada de personas que interrumpen su embarazo cada año en Chile. Sin embargo, por mínimo, la ley debe garantizar el acceso en casos cuando sea solicitado.

Hay evidencia de límites importantes en acceso, incluso en estas dimensiones. Según cifras reportadas por el Ministerio de Salud, en 2022, un 43% de médicos obstetras del servicio público se niegan a realizar abortos por la tercera causal (violación) debido a su decisión de registrarse como objetores de conciencia. En algunas regiones, y en algunos hospitales, es tan alta esta cifra que genera un real problema de acceso: por ejemplo, en el servicio de salud de Osorno, el 83% de los médicos obstetras fueron registrados como objetores de conciencia, y en ciertos hospitales esta cifra es aún más alta.

La experiencia internacional apunta a un aumento importante en la legalización del aborto a nivel nacional en los últimos 30 años. Estos cambios reflejan en parte las preferencias de las poblaciones, que tienden a apoyar la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo menos en ciertos casos. Ejemplos recientes como los de Francia y Estados Unidos sugieren que las instituciones públicas pueden actuar de varias maneras para satisfacer las demandas de la mayoría de su población (Francia), o limitarlas (EEUU).

La experiencia de Chile con la ley de tres causales sugiere que el Estado está lejos de ofrecer una opción que alcanza el uso real de aborto en la población, y algunas cifras incluso son preocupantes cuando se evalúa si se puede garantizar el cumplimiento de la ley. Si el Estado chileno busca satisfacer las preferencias de su población, el ejemplo de Francia este mes –que hace hincapié en los derechos reproductivos de las mujeres– puede ofrecer una lección interesante.