Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, cayó en la desesperación. Frente a una extendida delincuencia en su municipio ha decidido apelar a la fuerza militar. Es un error.

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El buen alcalde de Maipú sabe bien que la sociedad que hemos construido es la que pavimenta el camino de la delincuencia y violencia, especialmente de los jóvenes marginales. El conoce el mundo popular con su extenso y generoso trabajo de voluntariado en favor de los pobres, en la ONG Formando Chile. Ahora parece olvidarlo.

En efecto, la muralla que divide Chile es la que nos muestra barrios segregados, con viviendas hacinadas, niños y jóvenes en escuelas inútiles, sin oportunidades deportivas, culturales y recreativas.

Las madres de los niños de población son empleadas domésticas del barrio alto y con padres ausentes, viven en soledad después de la escuela. No hay vida familiar y los jóvenes encuentran refugio en el consumo de drogas y en compañía de las organizaciones delincuenciales. Son esos los fundamentos que dan origen a la delincuencia y no se pueden ocultar al enfrentar el crimen y abrir camino a la paz social.

Vodanovic debiera leer a Jorge Melguizo, sociólogo colombiano quien sostiene, con buenos argumentos, que es inútil el enfoque de la represión estatal pura y dura como único mecanismo para recuperar la paz social (La Tercera 22-10-2023).

Melguizo destaca que, para enfrentar la delincuencia, los gobiernos locales deben desplegar una estrategia integral con: incorporación del sector empresarial, las ONG, organizaciones comunitarias de base, las iglesias y universidades. Estrategia enfocada en concretar programas públicos en salud, educación para los jóvenes y participación ciudadana.

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Medellín, tierra de Pablo Escobar, que había sido el centro de la delincuencia y el narcotráfico en Colombia, tiene hoy una mejor calidad de vida y se ha reducido en 97% la tasa de muerte violenta. Los dos millones y medio de habitantes de la ciudad cuentan con servicios básicos, agua potable, educación, un sistema de movilidad público y equipamientos culturales. Así las cosas, el Estado tiene ahora en Medellín una presencia integral en los barrios, pero no solo como consecuencia del accionar policial. Fue un cambio de paradigma.

Por otra parte, el Comandante en Jefe del Ejército, General Javier Iturriaga, ha señalado, con claridad, que los militares (incluso su armamento) carecen de condiciones para resguardar el orden público. Sostuvo, en la reciente reunión del COSENA que incluso resguardar infraestructura crítica se vincula con temas de orden público y requiere que se defina la forma concreta en que serán empleadas las Fuerzas Armadas.

Iturriaga tiene toda la razón, como también la tuvo cuando, en medio del estallido social, señaló que él no estaba en guerra contra la ciudadanía.

En efecto, las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra y su intervención en asuntos internos puede resultar en violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales. En segundo lugar, utilizar a los militares en tareas de seguridad interna puede erosionar la confianza en las instituciones civiles. Finalmente, las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar la complejidad del crimen organizado.

Se equivoca el alcalde de Maipú, entonces, en apelar al ejército para resolver la delincuencia. Para enfrentarla será mejor que elabore una política integral del gobierno municipal y en alianza con la sociedad maipusina. Policías sí, pero no militares. Y junto a los policías, que el municipio despliegue educadores, gestores culturales, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en educación deportiva. Porque, como dice Melguizo “si solo llevas la fuerza, la respuesta será más violencia”.

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La iniciativa de Vodanovic es, además, peligrosa porque avala el enfoque represivo de Bukele para resolver la delincuencia. Debemos cambiar ese paradigma y actuar frente a la violencia con propuestas integrales para establecer una efectiva presencia del Estado en los municipios y barrios marginales. Sólo así se podrá reducir la desesperanza, rabia y resentimiento de los excluidos, principales generadores de la delincuencia.