Chile enfrenta una paradoja difícil de explicar. Durante décadas hemos construido uno de los sistemas de información social más desarrollados de América Latina. El Registro Social de Hogares permite conocer la composición, los ingresos y las condiciones socioeconómicas de millones de familias. Al primer trimestre de 2025, su cobertura alcanzaba cerca del 85% de la población nacional, apoyándose tanto en información declarada por los hogares como en bases administrativas del propio Estado.
Tenemos, entonces, un Estado que sabe dónde vive buena parte de su población, cuáles son sus ingresos, cuántos niños, personas mayores o dependientes integran cada hogar y qué beneficios reciben. Sin embargo, cuando una catástrofe golpea al país, pareciera que toda esa capacidad desaparece.
Las lluvias que afectaron especialmente a Atacama y Coquimbo dejaron personas fallecidas y desaparecidas, miles de damnificados y aislados, viviendas destruidas, caminos cortados y familias que perdieron en pocas horas lo construido durante años. El Gobierno decretó estado de catástrofe en Coquimbo y en la provincia de Huasco, pero autoridades locales acusaron demora, abandono y falta de una respuesta suficientemente rápida durante los primeros días de la emergencia.
La Ficha Básica de Emergencia cumple una función necesaria: determinar el nivel de afectación producido por una catástrofe. Pero no puede convertirse en una puerta burocrática que retrase la ayuda. Hoy, el acceso al Bono de Recuperación depende de la aplicación de esta ficha y contempla montos distintos según la magnitud del daño, desde $375.000 hasta $1.500.000.
Aquí aparece la paradoja: el Estado dispone de más información que nunca, pero sigue obligando a las familias afectadas a esperar nuevos catastros, verificaciones y procesos administrativos para demostrar una vulnerabilidad que muchas veces ya está registrada.
La Ficha Básica de Emergencia cumple una función necesaria: determinar el nivel de afectación producido por una catástrofe. Pero no puede convertirse en una puerta burocrática que retrase la ayuda. Hoy, el acceso al Bono de Recuperación depende de la aplicación de esta ficha y contempla montos distintos según la magnitud del daño, desde $375.000 hasta $1.500.000.
El problema no es que se recopile información. El problema es que el Estado parece comenzar desde cero cada vez que ocurre una emergencia.
¿Por qué una familia que ya se encuentra identificada en el Registro Social de Hogares debe recorrer nuevamente un largo camino institucional para recibir ayuda? ¿Por qué no existe una integración automática entre el RSH, los municipios, Senapred, los servicios públicos y los instrumentos de emergencia? ¿Por qué los alcaldes y equipos locales, que conocen directamente a sus comunidades, deben esperar decisiones tomadas desde Santiago?
La tecnología y los datos no sirven de mucho cuando no están acompañados de decisión política, coordinación territorial y capacidad de ejecución. Un registro social moderno no puede limitarse a clasificar a las familias para entregar subsidios en tiempos normales. También debe ser parte de una infraestructura pública que permita reaccionar rápidamente cuando las personas pierden su vivienda, sus enseres o sus medios de subsistencia.
Mientras en el norte muchas familias seguían esperando respuestas, el debate político nacional parecía concentrado en la megarreforma económica del Gobierno. Una iniciativa tramitada con enorme velocidad, que contempla rebajas tributarias, beneficios a grandes inversiones y un cuestionado mecanismo para compensar a los municipios por la disminución de ingresos asociada a las contribuciones. Incluso alcaldes han advertido que esa fórmula podría profundizar las desigualdades territoriales y favorecer proporcionalmente a comunas con mayores recursos.
No se trata de afirmar que un Gobierno solo puede hacer una cosa a la vez. Se trata de observar sus prioridades.
Cuando existe voluntad para acelerar reformas económicas, negociar votos y movilizar a ministros y parlamentarios, el aparato estatal demuestra que puede actuar con rapidez. Pero cuando comunidades enteras necesitan maquinaria, viviendas de emergencia, conectividad, agua, alimentos y recursos directos, reaparecen los formularios, los diagnósticos pendientes y las competencias divididas entre instituciones.
Chile se reconoce, además, como un país solidario. Nuestra ciudadanía responde espontáneamente ante terremotos, incendios, inundaciones y tragedias. También hemos desarrollado políticas de cooperación y ayuda hacia otros países, lo que constituye una tradición valiosa que debemos mantener. Pero la solidaridad internacional no puede coexistir con el abandono de nuestros propios territorios.
No corresponde enfrentar ambas dimensiones como si fueran contradictorias. Chile puede y debe ayudar fuera de sus fronteras. Lo incomprensible es que no sea capaz de desplegar con la misma convicción todos sus recursos institucionales para auxiliar a quienes viven en Atacama, Coquimbo o cualquier localidad golpeada por una catástrofe.
Lo que falta no es información. Tampoco falta solidaridad. Lo que falta es un Estado que conecte sus datos con su capacidad de actuar; que escuche a los municipios; que entregue recursos antes de que la burocracia termine de contar los daños; y que comprenda que, en una emergencia, llegar tarde también es una forma de fracasar.
Chile ya conoce a su gente. Ahora necesita un Gobierno que sea capaz de encontrarla, acompañarla y responderle cuando más lo necesita.
