La Agrupación chilena de Abogados por Palestina presentó este jueves ante la Controlaría General de la República de Chile una carta en la que exige que se investiguen posibles irregularidades en la contrato firmado entre un ente público y la empresa israelí Mekorot, que entre otros servicios ofrece asesorías sobre recursos hídricos.

Según explicaron a EFE, el recurso aborda el temor de que los contratos rubricados por corporaciones públicas regionales hayan sido asignados "a dedo", sin concursos y otras medidas fiscalizadoras.

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Gestión hídrica

En su argumentación detallan que "el Gobierno Regional de la región de Biobío (centro), mediante la Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la Competitividad, conocida como "Desarrolla Biobío, firmó un contrato de consultoría con la empresa Mekorot, el cual plantea una serie de preocupaciones significativas".

"Este acuerdo, que tiene por objeto recibir asesoría en la realización del ‘Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos’, carece de transparencia en el proceso de contratación, garantías adecuadas de cumplimiento, y presenta cláusulas injustificadas que limitan la responsabilidad de la empresa, así como problemas relacionados con la jurisdicción y la ley aplicable al contrato", asegura la agrupación en un comunicado.

Empresa acusada

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Asimismo, subraya que "Mekorot ha sido denunciada internacionalmente por su participación en actividades controvertidas en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la restricción ilegal del acceso al agua en Palestina, violando las recomendaciones de la OMS, y su inclusión en la Lista Negra de Empresas de Naciones Unidas por operar en asentamientos ilegales israelíes".

"Consideramos que es fundamental unirnos para exigir una investigación exhaustiva sobre estas irregularidades, así como la adopción de medidas adecuadas para garantizar la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos y ambientales en Chile y en Palestina", afirman en la nota enviada a EFE.

Fuera de FIDAE

La denuncia se produce en plena polémica por la decisión del Gobierno chileno de suspender la participación de empresas israelíes en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), la más importante del sector en Suramérica, debido a las cruenta ofensiva que el Ejército israelí mantiene ininterrumpida en Gaza y Cisjordania desde la incursión armada del grupo islamista Hamas el pasado octubre.

Desde entonces, cerca de 30.000 palestinos, en su gran mayoría niños y mujeres, han perecido en bombardeos y operaciones militares israelíes pese a las denuncias internacionales de genocidio y la insistente llamada de gran parte de la comunidad internacional a un alto el fuego.

Chile, país que tiene la mayor comunidad palestina exiliada o emigrada fuera del mundo árabe, se ha movilizado contra la guerra tanto en la Corte Internacional de Justicia de la ONU como en la Corte Penal Internacional, donde además de investigaciones ha insistido en la obligación de una tregua que ponga fin a más de medio año de matanzas. EFE