En las ocasiones en que he necesitado entrevistarme con alguna autoridad pública, para plantearle situaciones impropias dentro de su servicio de la Administración, he tenido que contestar infinidad de preguntas que se reflejan en un formulario virtual de la plataforma de la ley del lobby, ello aunque no ejerzo esa actividad. Si el requerido, después de analizar los motivos por los cuales se pide la reunión, acepta recibirme, él mismo contesta el mail indicando la fecha, el lugar y el horario para que se produzca la entrevista, por lo tanto, dejándose constancia en el ciberespacio de esta visita, lo que está en línea con la transparencia.

Se ha criticado que diversos ministros obedientemente hayan asistido a la casa-habitación del conocido lobbysta profesional Pablo Zalaquett para conversar con importantes empresarios, sin que estas entretenidas charlas de negocios se hayan reflejado en la respectiva ley. La opinión pública y los expertos en la materia reprobaron el comportamiento de los ministros, quienes respondieron que esa ley no aplicaba para ellos porque en esas citas solo se trataron temas generales, aunque después el presidente Boric, defendiéndolos, aseguró que el único propósito de las mismas era llegar a acuerdos entre los sectores públicos y privados, aunque doliera.

Si comparamos las distintas explicaciones entregadas por los ministros y la de Boric, este columnista solo le da crédito a la de este último, pues los presidentes no mienten. También cabe la posibilidad de que Zalaquett, hombre de absoluta confianza de la casta política, los haya convocado a todos, por solicitud de los propios ministros, interesados ellos en conocer personalmente a los grandes inversionistas que generan el crecimiento económico en el país, pero en este evento era indispensable que sus conversaciones fueran reservadas para evitar que la irascible ciudadanía se enterase de aquello. En todo caso, independientemente de quienes deseaban  intercambiar opiniones en la casa del lobbysta, esta reunión debió ser de conocimiento público.

Dado que en nuestra angosta y larga faja de tierra quienes determinan las políticas públicas son los actores privados, en ocasiones con trampas, damos cuenta de lo que ha estado sucediendo desde hace muchos años con las recurrentes violaciones, por parte de privados "pasados pa´la punta", a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) de 1977 y al estricto, en el papel, Decreto Ley (DL) 3.516 de 1980, instrumentos normativos que impiden la construcción de viviendas en las llamadas parcelas de agrado de 5.000 m2, localizadas en territorios rurales de todo el país.

Ese antiguo y vigente DL le entrega atribuciones a los Seremis de Vivienda y de Agricultura, Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y municipalidades para que, mediante permanentes fiscalizaciones, exijan su cumplimiento, sin que hayan ejercido sus roles. En su artículo 2° se declara "quienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley, aun bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los predios señalados en el artículo primero, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal", lo que es letra muerta, pues el sistema imperante tolera esta tipo de corrupción.

Es más, los notarios no pueden autorizar las escrituras de compraventa y los Conservadores de Bienes Raíces (CBR) tampoco pueden inscribirlas, pero para posibilitarse estos atractivos negocios, con impavidez generalizada, solo se inscriben los terrenos, dándose la apariencia de que en ellos no hay casas y por tal motivo el Servicio de Impuestos Internos (SII) solo cobra contribuciones de bienes raíces a un ínfima parte de las viviendas construidas, que son las que detecta. Los directores de obras municipales (DOM) están impedidos de cursar permisos para viviendas, pero algunos de ellos, considerándose autónomos, los otorgan y cuando alguien los denuncia, la Contraloría solo declara el mal proceder de esos funcionarios municipales.

Como vemos, "hecha la ley, hecha la trampa" y así el Fisco ha dejado de recaudar infinitos millones de dólares por cobros del impuesto territorial y, como contrapartida, quienes se dedican a este negocio trucho ya han obtenido sus ganancias, sin que nadie los moleste, a pesar de que, como manda tal DL, las transacciones comerciales son nulas, entregándole competencia al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que vaya a la justicia exigiendo la nulidad de esos actos, lo que nunca ha sucedido.

Desde el año 2022, gracias a la mano dura y previsora del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se está acabando este libertinaje comercial que ha dañado los ecosistemas del país, ya que ahora, entre otras cosas, el SAG exige que las viviendas que se emplacen en esas parcelas dispongan de una infraestructura básica para que el Estado garantice servicios como el agua, luz y alcantarillado, cautelándose asimismo los bosques nativos y otros recursos naturales.

Las circulares vinculantes generadas por Valenzuela, para terminar con el abuso, fueron objetadas en los tribunales de justicia por quienes lucraban con la destrucción del medio ambiente en todo el país, pero la juiciosa posición del ministro, defendida por el CDE, salió airosa en la Corte Suprema. Hasta estos días los canales de televisión muestran como los incautos compradores de esas parcelas son engañados por los "emprendedores" que se las venden y seguimos leyendo en la prensa escrita ofertas de estas parcelas y ello se produce porque la indolencia de la Administración es absoluta.

Este despelote institucionalizado solo se podrá acabar cuando todas las comunas del país dispongan de sus Planes Reguladores Comunales (PRC) y en tal sentido será urgente que el ministro Carlos Montes, quien no ha sido invitado a las amistosas cenas de Zalaquett, ejerza su misión ordenadora del territorio, aplicando un perdonazo para los infractores con la exigencia de que obtengan los correspondientes permisos de edificación, pagando a los municipios los derechos del 1,5% del presupuesto, fijado por la calidad de la construcción de cada inmueble.

Esperamos con ansias que el gurú Zalaquett, ejerciendo su vasta influencia en el aparato público, acepte esta solución final que emana del más puro sentido común.