No necesitamos regular las apuestas ilegales. Necesitamos investigar sus redes, perseguir el dinero, sancionar a quienes las explotan y hacer cumplir la ley.
Imagen referencial - Apuestas Online
En Chile las apuestas online y las máquinas tragamonedas que proliferan en nuestros barrios son ilegales. No existe un vacío legal ni una zona gris. Los juegos de azar están prohibidos salvo aquellos expresamente autorizados por ley, como casinos, Polla Chilena, Lotería de Concepción e hipódromos.
Entonces, ¿por qué discutimos cómo regular una actividad ilegal en vez de hacer cumplir la ley?
Durante años permitimos que esta industria creciera, inundara de publicidad los medios, penetrara el fútbol profesional e instalara tragamonedas en almacenes y comercios de barrio. Ahora, como mueve miles de millones y adquirió poder, nos dicen que debemos regularla.
El mensaje es brutal: viole la ley durante suficiente tiempo, acumule poder económico, contrate lobistas, financie publicidad y deporte y finalmente el Estado terminará adaptando la ley a su negocio.
Una investigación de BioBioChile reveló que una sola empresa de apuestas, Latamwin, pagó más de $1.000 millones en menos de dos años al abogado que encabezaba el lobby de la industria. Existen registros públicos de reuniones de sus representantes con autoridades y parlamentarios.
¿Alguien puede asegurar que detrás de una industria ilegal que mueve semejantes cantidades de dinero no existe tráfico de influencias, corrupción o financiamiento irregular de la política? Yo no puedo afirmarlo, pero tampoco estoy dispuesto a descartarlo. Hay demasiado dinero en juego y el Estado tiene la obligación de investigarlo. Y hasta ahora ha mirado hacia el lado y no ha tenido el coraje de investigarlo.
La contradicción institucional es insólita. Mientras la Superintendencia de Casinos confirma que las plataformas de apuestas online son ilegales, el Servicio de Impuestos Internos las inscribe para cobrarles IVA. El SII aclara que pagar impuestos no las legaliza. Jurídicamente es correcto. Políticamente es absurdo: el Estado le dice a una empresa que su actividad es ilegal, pero que continúe operando y le pague el 19%.
Y hablamos de un negocio cuya rentabilidad depende de cuánto pierden quienes apuestan. La ludopatía transforma la adicción en ingresos, el endeudamiento en rentabilidad y la desesperación en modelo de negocios.
Las tragamonedas llevan esa lógica al corazón de los barrios. La apuesta está al lado del pan, las bebidas y los dulces, al alcance incluso de niños y adolescentes. Dañan el tejido social porque el dinero perdido deja de financiar alimentación, vivienda, educación y recreación, mientras crecen las deudas, los conflictos y la desconfianza dentro de las familias.
Quienes quieren legalizar las apuestas sostienen que regulándolas podremos fiscalizarlas. Es un argumento falaz que no se sustenta en la realidad.
Para fiscalizar esta industria hay que conocer a sus verdaderos propietarios, seguir el dinero, detectar lavado de activos, controlar operaciones internacionales y fiscalizar un back office que muchas veces funciona fuera de Chile. Pero parte de nuestra clase política se resiste simultáneamente a hacer más expedito el levantamiento del secreto bancario para perseguir el dinero del crimen organizado.
La contradicción es monumental: quieren legalizar un negocio de alto riesgo financiero mientras dificultan una de las principales herramientas para fiscalizarlo.
A ello agreguemos el arreglo de partidos y resultados deportivos, el acceso de menores y una pregunta que Chile tiene que atreverse a investigar: ¿qué relación existe entre quienes controlan las tragamonedas ilegales en los territorios, el lavado de dinero, el crimen organizado y la política? Donde proliferan durante años negocios abiertamente ilegales sin que nadie los cierre, también debemos preguntarnos quién los protege.
Brasil ya recorrió el camino de legalizar y regular las apuestas online y hoy intenta retroceder frente a sus consecuencias sociales. Chile no necesita cometer el mismo error para aprender la lección. No todo negocio que paga impuestos genera progreso. Y no todo dinero merece convertirse en inversión protegida por el Estado.
La certeza jurídica comienza por respetar la ley vigente, no por cambiarla cuando quienes la infringen adquieren suficiente poder económico y político. No necesitamos regular las apuestas ilegales. Necesitamos investigar sus redes, perseguir el dinero, sancionar a quienes las explotan y hacer cumplir la ley.
Las apuestas son ilegales. Punto.
