Una auditoría externa detectó millonarias inconsistencias en las cuentas de la Municipalidad de La Florida entre 2021 y 2024, incluyendo fondos sin respaldo.
Una auditoría externa revisó los estados financieros de la Municipalidad de La Florida entre 2021 y 2024 —correspondiente al periodo del senador Rodolfo Carter—, dejó al descubierto inconsistencias en sus estados financieros, luego de que no se pudiera subsanar una serie de observaciones que van desde la ausencia de respaldo de pagos hasta errores en la categorización de fondos.
El 17 de julio, la empresa HLB Surlatina Chile presentó al concejo municipal de La Florida los resultados de su auditoría, con conclusiones preocupantes respecto de las arcas de la alcaldía. De hecho, tras los análisis de la firma, esta decidió abstenerse de emitir una opinión sobre los estados financieros de todos los años auditados.
Tras finalizar la presentación de los resultados, y luego de la intervención de varios concejales que calificaron la situación de “grave”, representantes de la empresa auditora señalaron que “acá se dieron errores contables de montos muy importantes”.
El Desconcierto revisó los informes finales entregados por la empresa auditora y constató que las cifras cuestionadas son millonarias. El monto total objetado por año es de:
—$77.2 mil millones en 2021
—$93.3 mil millones en 2022
—$82.8 mil millones en 2023
—$65.5 mil millones en 2024.
Cabe destacar, que esas cifras también incluyen montos sobrevalorados o sin respaldo documental en las cuentas del balance general de la Municipalidad de La Florida.
Entre las partidas analizadas por la empresa auditora, y que motivaron la abstención de opinión, figura “costos de proyectos”, rubro que tenía asociados $23 mil millones en 2021. Sin embargo, la administración no entregó acceso al detalle ni a la valorización de las iniciativas de inversión pública, lo que hizo imposible su verificación o la solicitud de ajustes.
La misma situación se mantuvo durante todo el período analizado. Los montos de cada año asociados a proyectos se mantuvieron, en su gran mayoría, en $23 mil millones; solo en 2022 hubo una variación, alcanzando los $25 mil millones.
Sobre este punto, desde la Municipalidad de La Florida respondieron que todos los decretos de adjudicación se encuentran disponibles en Mercado Público, cada uno asociado a las obras ejecutadas durante dicho período. De la misma forma, precisaron que los estados de avance y financieros se encuentran en custodia de la Tesorería Municipal.
"La observación formulada por la auditoría externa no guarda relación con la falta de respaldo documental ni físico de las obras, sino con un aspecto de registro contable relativo al traspaso anual a las cuentas de costos acumulados al 31 de diciembre de cada año, conforme a lo establecido en el procedimiento K-01. Dicha regularización contable quedará plenamente subsanada al término del ejercicio 2026", sostuvieron desde el municipio.
Debido a los resultados de la auditoría, Carlos Moreno —exmiembro del Departamento de Delitos Tributarios del SII y contador auditor— comenta que “del análisis de los antecedentes se puede observar que la gestión financiera no ha sido positiva, por cuanto muestran pérdidas en tres de los cuatro ejercicios examinados y, en 2024, un flujo operacional negativo, lo que implica que salió más dinero que el que entró”.
Además, el profesional explica que “el aspecto más preocupante es la existencia y persistencia, en los años analizados, de diversas cuentas contables relevantes sin respaldo alguno, y de diferencias contables que impidieron a los auditores externos emitir una opinión sobre los estados financieros. Esto implica que se realizaron una serie de movimientos por altos montos, y nadie pudo acreditar a qué se debían”.
Asimismo, el apartado de “Otros Gastos” en 2021 contaba con fondos avaluados en $64 mil millones, los cuales, ante la falta de evidencia proporcionada a la empresa, no pudieron ser verificados. Lo anterior también se constata en el informe correspondiente a 2022.
En Chile, las municipalidades tienen la posibilidad de crear corporaciones municipales para determinar o ejecutar diferentes funciones. En general, aquellas entidades privadas sin fines de lucro se desempeñan en educación, salud, cultura o deporte.
Aunque las corporaciones son entidades jurídicas privadas, de igual forma están sujetas a la obligación de rendir cuentas y a la fiscalización del propio municipio. Para Moreno, este punto es delicado dado que "la falta de respaldo revela un problema serio de trazabilidad, de supervisión y control municipal, y de destinación de recursos públicos".
En la reciente auditoría ejecutada a la Municipalidad de La Florida, una de las partidas cuestionadas es precisamente una relacionada con la transferencia de recursos a la Dirección de Salud de la Corporación Municipal.
El rubro “deudores por transferencias reintegrables”, en 2021, contaba con $41 mil millones; de ellos, $8 mil millones fueron destinados a la Corporación Municipal. Sin embargo, lo que concluye la auditoría es que ese monto nunca fue registrado como gasto, por lo que se sobrevaloró el patrimonio total.
El problema se agudizó en 2022, luego de que los fondos destinados a la corporación aumentaran en un 107%, llegando a los $32 mil millones. Tanto en 2023 como en 2024, los montos que debieron ser contabilizados como gastos fueron de $18 mil millones y $10 mil millones, respectivamente.
Ante esto, el municipio contestó que “a contar del año 2014, las remesas de per cápita y programas de salud comenzaron a ser transferidas directamente a la Municipalidad. Conforme al Clasificador Presupuestario del sector público, el mecanismo aplicable para su traspaso a la Corporación Municipal es el Subtítulo 24 de Transferencias Corrientes, lo que configura una subvención sujeta a la aprobación del Concejo Municipal y la correspondiente rendición de cuentas”.
En la misma línea, desde la alcaldía afirmaron que “este procedimiento fue corregido y regularizado a contar del ejercicio 2025 a través de los ajustes contables correspondientes, aspecto que se encuentra expresamente consignado en el mismo informe de auditoría de referencia”.
En los descargos presentados por la municipalidad se informó haber realizado las gestiones entre noviembre y diciembre de 2025 para regularizar la cuenta. El municipio reconoció que el registro de las transferencias del ejercicio de ese año fue corregido y regularizado como gasto.
Respecto al saldo histórico pendiente de $10,5 mil millones, el municipio intentó corregirlo en 2025 mediante un comprobante contable cargado a la cuenta “Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores”, afectando indebidamente el resultado de ese año.
Ante esos antecedentes, la firma auditora determinó que la observación se mantenía “parcialmente vigente”. El argumento fue que, según la Resolución CGR N°3 de la Contraloría, los errores de ejercicios anteriores debieron ajustarse contra la cuenta patrimonial “Resultados Acumulados” y no contra el resultado del año.
Asimismo, en el mismo rubro, la empresa auditora señala que no pudo comprobar el origen y recuperabilidad de $16 mil millones en 2021, $21 mil millones en 2022, $24 mil millones en 2023 y $13 mil millones en 2024.
Para Moreno, este tipo de situaciones no son comunes, sobre todo por los montos involucrados. De la misma forma, el abogado y contador hace una distinción importante: por ahora, lo acreditado en los informes son deficiencias de respaldo, registro, conciliación y control. “Así, hasta ahora lo cierto es que los hallazgos revelan graves fallas de control interno o de rendición”.
“Sin embargo, de las irregularidades detectadas claramente se obtienen indicios importantes que las autoridades respectivas —Contraloría y/o el Ministerio Público— deben continuar con las indagatorias para determinar si al respecto hubo conductas que puedan constituir alguna malversación o fraude al fisco”, sostiene Moreno.
La municipalidad rechaza que esto se trate de un "desorden financiero" y sostienen que no se condice con los resultados de la auditoría. "Ninguno de dichos procedimientos ha concluido la presencia de irregularidades, desórdenes ni déficits en la gestión financiera o presupuestaria municipal", afirman.
A lo mismo agregan que "las observaciones formuladas en dichos informes corresponden a hallazgos estrictamente contables, focalizados en la regularización de saldos de arrastre y en la conciliación de cuentas auxiliares".
Los problemas contables de la Municipalidad de La Florida no es primera vez que quedan bajo la lupa. En 2023, El Desconcierto publicó los resultados de una auditoría externa realizada por Ceya Chile sobre el período 2018-2020, cuyo análisis ya advertía un descontrol crítico y sostenido en la conciliación de las cuentas corrientes bancarias.
El informe apuntaba a migraciones fallidas de software, falta de análisis auxiliar, partidas no conciliadas de antigua data, acumulación de cheques caducados y el uso de cuentas para forzar cuadraturas contables durante el periodo de Rodolfo Carter.
La situación tampoco quedó circunscrita a esos ejercicios. En 2021, HLB Surlatina objetó un disponible en moneda nacional de $14,7 mil millones, luego de identificar $918 millones correspondientes a partidas que permanecían sin conciliar.
A ello se sumaban 2.592 cheques caducados por $5,9 mil millones en la cuenta de Fondos Ordinarios de Scotiabank, además de documentos emitidos a favor de la propia municipalidad por $2,1 mil millones y otros con beneficiarios en blanco por $1,8 mil millones. En las cuentas de Remuneraciones y Fondos Externos también permanecían miles de registros caducados bajo glosas que no permitían determinar con claridad su origen.
Durante 2022 y 2023, el problema adquirió otra dimensión: $1,1 mil millones permanecían en partidas no regularizadas, mientras $73 millones correspondientes a intereses devengados en Scotiabank no habían sido incorporados a la contabilidad.
En 2024 hubo una depuración parcial de los documentos históricos, pero no una reconstrucción completa de la trazabilidad: el disponible contable cayó a $14 mil millones y persistieron dificultades para establecer el saldo inicial de caja municipal, mientras que $85 millones asociados a 2012 quedaron sujetos a un sumario administrativo.
Sobre esta situación, el municipio respondió que “respecto de los montos consultados, se precisa que estos no forman parte del informe de auditoría. No obstante ello, el propio documento señala que ‘se observa que los antecedentes aportados acreditan avances concretos y sustanciales en la depuración de las partidas pendientes’. Al respecto, se informa que dicha regularización quedará totalmente subsanada al término del ejercicio presupuestario y contable 2026”.
