Municipio de La Florida incumplió urbanización comprometida desde 1982 por lo que indemnizará a 3 vecinos con $781 millones
La historia se remonta a 1982, cuando tres propietarios compraron sitios en el loteo “El Rincón de La Florida”, confiando en que las obras de urbanización estaban garantizadas.
La Municipalidad de La Florida, mediante una resolución de febrero de ese año, declaró recibidas las obras y validó la venta de los terrenos con base en pólizas de seguro otorgadas por la empresa loteadora.
Pero las obras no se terminaron. En 1985 el municipio ejecutó las garantías —36.000 UF—, pero en vez de completar la urbanización, abandonó el proyecto.
Desde entonces, los terrenos permanecen sin agua potable, alcantarillado ni otras condiciones mínimas, impidiendo que sus dueños puedan vivir, vender o darle algún uso a esas propiedades.
Los afectados acudieron a tribunales y obtuvieron dos sentencias firmes. La primera, dictada por el 13º Juzgado Civil de Santiago en 2010 y confirmada por la Corte de Apelaciones en 2012, obligó al municipio a realizar las obras.
La segunda, del 18º Juzgado Civil de Santiago, se dictó en 2014 y quedó firme en 2015. En ambas se ordenó a la Municipalidad de La Florida ejecutar y completar la urbanización del loteo. Pese a ello, no lo hizo.
El 30º Juzgado Civil de Santiago determinó que el municipio incurrió en falta de servicio al no respetar esas resoluciones judiciales.
La jueza Daniela Royer Faúndez estableció que la municipalidad no solo incumplió lo ordenado por los tribunales, sino que tampoco entregó ninguna razón que justificara su conducta, y solo llegó a un acuerdo parcial en otra causa relacionada recién en diciembre de 2022.
El fallo consideró que los tres propietarios no han podido usar, arrendar ni vender sus terrenos, generándoles un perjuicio económico directo.
En el caso de uno de ellos, el tribunal también reconoció el daño moral, pues durante décadas sostuvo una “batalla judicial” sin resultados, lo que afectó su vida familiar y económica.
Dos de sus hijos fallecieron y no pudo cubrir tratamientos médicos adecuados por falta de recursos.
La jueza ordenó al municipio pagar $60 millones por daño moral a esa persona y una indemnización por lucro cesante para los tres demandantes.
Esta se calculará sobre el valor de los terrenos (estimado en $72.763.616 por cada uno y $145.527.232 en el caso de dos sitios), aplicando intereses corrientes desde 2012.
Se fijó un tope de $240.507.067 para dos de ellos, y de $481.014.134 para el otro, sumando un total máximo de $781.028.268.
La sentencia también obliga al pago de intereses, reajustes conforme al IPC y las costas del juicio.
