Recientemente, en España, se vivió una imagen que recorrió el mundo: sacaban a Maricarmen, una mujer de 87 años, de su casa en camilla. Había vivido 71 años en ese departamento del barrio de Retiro, en el centro de Madrid. Maricarmen no debía un euro, pagaba religiosamente su renta antigua. Su contrato se firmó en 1956 solo a nombre de su padre, porque el franquismo no permitía a las mujeres figurar en igualdad, y ese origen le costó a Maricarmen el derecho a la titularidad del arriendo: la ley solo permite dos traspasos, y su madre gastó el primero.
En 2020 el edificio pasó a manos de Urbagestión, uno de esos fondos de inversión conocidos coloquialmente como “fondos buitre”. Le exigieron 1.650 euros de arriendo, más que toda su pensión. Hubo propuestas de acuerdo, pero la empresa se negó a toda negociación. Al cuarto intento lograron desahuciarla, pese a los cientos de personas que se convocaron para impedirlo.
Maricarmen no es una excepción. La vivienda es hoy la primera preocupación de la ciudadanía española. El arriendo ocupa alrededor del 38% de los ingresos de un hogar, el 40% en Madrid, y los precios siguen marcando máximos. Para las y los jóvenes significa no poder independizarse; para las y los mayores, que la pensión ya no alcance para quedarse donde han vivido siempre. Entre medio, un modelo que ha convertido un derecho en un activo financiero, y que tiene en los grandes fondos a sus principales beneficiarios.
La imagen de Maricarmen se ha vuelto un símbolo. El sábado pasado miles de personas marcharon en Madrid y otras ciudades de España bajo el lema «Ni una Maricarmen más», convocadas por el Sindicato de Inquilinas. La marcha terminó en una acampada en la Puerta del Sol que se ha sostenido por más de cuatro días. Las acampadas se han multiplicado en distintas ciudades del país: en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en Málaga, y en muchas otras.
El Sindicato de Inquilinas exigía que se aprobara el “Decreto Maricarmen”. Como respuesta a la movilización, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros dos reales decretos: uno que incluye, entre otras medidas, la protección frente a los desahucios hasta el 2030, la regulación de los arriendos de temporada y de habitaciones, la prohibición de que los fondos especulativos compren viviendas hasta el 2028 y la prórroga de dos años a los contratos de arriendo en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028; y otro que incluye la renovación automática de los arriendos.
Ayer se votaron los reales decretos en el Congreso y la oposición de derecha, con los votos de Vox, del PP y de Junts -la derecha catalana-, logró que ambos fueran rechazados. Como respuesta a ello se han convocado a movilizaciones masivas para este fin de semana, y se espera que se mantengan y escalen. Por su parte, el Gobierno se encuentra analizando la posibilidad de adelantar las elecciones.
El problema de la vivienda no sólo está marcando la agenda en Madrid. La preocupación por el acceso a la vivienda es mundial. ONU Hábitat este año informó que más de la mitad de los hogares pagan más del 30% de sus ingresos en arriendo. Frente a ello, diferentes esfuerzos políticos en el mundo han tomado las banderas del derecho a la vivienda como es el caso de Die Linke, que ganó las elecciones de Berlín con la promesa de la expropiación de las grandes inmobiliarias, y en Nueva York, Zohran Mamdani llegó a la alcaldía prometiendo congelar los arriendos, logrando en junio que la Junta de Directrices de Alquiler (New York City Rent Guidelines Board-RGB) aprobara esa congelación para cerca de un millón de viviendas reguladas.
En Chile el problema de la vivienda también está presente. A comienzos de los 2000, una familia arrendataria destinaba en promedio el 16% de sus ingresos al arriendo; en 2022 ya era el 27%, porque los arriendos han crecido más rápido que los sueldos. Hoy uno de cada cuatro hogares arrienda, y cuatro de cada diez de ellos destinan más del 30% de sus ingresos a pagarlo.
Generalmente se cree que las personas arriendan porque no han podido comprar. Sin embargo, el arriendo es una opción de tenencia que debería dar la certeza de tener un techo donde vivir, sin asumir que es una transición a la compra. En España, así como en distintas partes del mundo, se está discutiendo sobre la regulación de esta modalidad y los beneficios que tiene. Según los datos de MINVU Conecta, más del 20% de la población que postula a una vivienda prefiere una solución habitacional en modalidad de arriendo.
Lo anterior se debe a que los cursos de vida son mucho menos lineales de lo que tradicionalmente se espera que sean, lo que implica que cambian las condiciones para mantener una vivienda, así como los tipos de espacios que se requieren, según el momento vital en el que se encuentra cada familia.
Si bien Chile no se encuentra en el momento de crisis que se vive en España, no debemos quitar la mirada de lo que se está generando. El mercado desregulado de arriendo ha atraído la llegada de fondos de inversión, empresas o sociedades creadas para estos fines, que han masificado modelos de propiedad vertical como los Multifamily. Según BDO, ya suman 227 sólo en la Región Metropolitana, equivalentes a 54.258 unidades habitacionales.
Este modelo en Chile carece de regulación y garantías para las personas que arriendan, toda vez que se mueve en un vacío legal entre leyes de arriendo y normativa de hotelería. En todo el mundo el problema de la vivienda y el costo de la vida están determinando la agenda política, y eso se ha visto expresado en los resultados de las elecciones. ¿En Chile sucederá igual?
