La discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto culminó con una disminución en las capacidades de generar recursos en materias primas que se traduce en una baja de US$3 mil millones de dólares en la emisión de deuda pública, lo que reduce fuertemente la capacidad del Estado para contribuir a la reactivación de la economía, tan necesario en el momento actual.

Con este objetivo, el gobierno del Presidente Gabriel Boric propuso aumentar en un 3,5% el financiamiento para el Presupuesto 2024. Sin embargo, la oposición ha mantenido una crítica basada en que “para ser responsables, hay que reducir el gasto”. La derecha omite que aumentar el gasto público es una medida habitual. Por ejemplo, para mitigar los efectos económicos de la pandemia, Sebastián Piñera impulsó medidas como el Plan de Emergencia Económica y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), incrementando en un 30% el gasto fiscal. Por su parte, para afrontar la crisis subprime, Michelle Bachelet impulsó el Plan de Estímulo Fiscal, el Plan Procrédito, y el Plan Proempleo y Capacitación, aumentando el gasto en un 25%.

En tiempos de crisis, el aumento en el gasto público es una medida contracíclica que se aplica para combatir el estancamiento económico. Un mayor gasto por parte del gobierno permite estimular la economía y reforzar positivamente la actividad a través del efecto multiplicador. Por ejemplo, invertir en obras públicas crea empleos e ingresos para las y los trabajadores de la construcción; recursos que, a su vez, se traducen en mayores ventas para las empresas y Pymes. Aumentar el gasto en una crisis significa ir en ayuda de las familias en los momentos de mayor necesidad económica.

Es más, el aumento del gasto público en tiempos de crisis está estipulado legalmente desde 2001 en la política fiscal de Balance Cíclicamente Ajustado. Porque, a diferencia de un hogar que se aprieta el cinturón cuando sus ingresos disminuyen, el Estado debe gastar más para combatir la crisis. De forma similar a cuando una persona se enferma, que tiene que desembolsar más en remedios, tratamientos y cuidados; o cuando un trabajador o trabajadora queda cesante y quiere emprender, que debe comprar materiales para echar a andar su nuevo negocio.

En estas últimas semanas hemos escuchado críticas de la oposición sobre el déficit y la deuda pública, pero en términos estructurales, el déficit fiscal en nuestro país no se debe a que el gasto sea alto, sino que a que la recaudación es muy baja. Los datos más recientes de la OCDE muestran que Chile es el tercer país que menos gasta, solo detrás de Colombia e Irlanda. En 2021, el gasto promedio de los países de la OCDE fue de 45,6% del PIB, y Chile gastó solo un 34,1%. Por el contrario, los países de la OCDE recaudan 35% del PIB en promedio, mientras que Chile sólo un 27%, si sumamos los ingresos tributarios y las cotizaciones privadas .

Y en términos de responsabilidad fiscal, la narrativa de la oposición también ha sido engañosa. El gobierno actual tiene la meta de estabilizar el déficit que dejó el gobierno de Sebastián Piñera, el que alcanzó el mayor déficit fiscal desde el retorno a la democracia. En su mandato, la deuda pública creció un 12,3% del PIB y, en el último año de su gobierno, hubo un 10,7% del PIB de déficit estructural. Tanto fue así que en 2020 la agencia financiera Fitch bajó la nota crediticia de Chile, de A a A-.

Por su parte, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha comprometido con la responsabilidad fiscal, propiciando que en 2022 hubiese un superávit fiscal de 1,1% del PIB -el mayor desde 2011- , y que por primera vez se establezca un nivel de deuda considerada prudente del 45% del PIB.

Para lograr responsabilidad fiscal a largo plazo es necesario avanzar en una mayor recaudación tributaria para poder solventar los derechos sociales que demanda la ciudadanía y para poder apoyar a los hogares en tiempos de crisis. En vez de instaurar argumentos incorrectos, corresponde que la oposición se haga cargo de haber rechazado un pacto fiscal que proponía aumentar en 3,6% del PIB los ingresos fiscales.

El presupuesto 2024 debe estar a la altura de lo que el país merece. Nuestra preocupación debe estar en darle solución a las urgencias sociales y no en seguir bloqueando ideológicamente una reforma tributaria cada vez más necesaria. Invitamos a los parlamentarios y parlamentarias a ponerse del lado de Chile. Aumentar el gasto público es lo apropiado y responder a necesidades sociales no resueltas es urgente, en ello debemos avanzar.

*Esta columna fue desarrollada por los y las diputadas del Frente Amplio que participaron en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y que son parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara: Gael Yeomans (CS), Camila Rojas (Comunes) y Jaime Sáez (RD).