"Una eventual aprobación del texto arriesga afectar la economía mediante una mayor incertidumbre y problemas de funcionamiento institucional", señalaron 40 economistas de la centroizquierda del país.

En un documento público explican que, si bien consideran que el borrador que salió de la Comisión Experta podría haber convocado a un acuerdo, "las modificaciones efectuadas en el Consejo Constitucional, lideradas por una abrumadora mayoría de derecha, impiden que nos sintamos interpretados por la propuesta final".

Entre los profesionales más destacados del grupo se encuentra el exministro de Economía, Carlos Ominami; el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; el exministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran; y el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler.

Además de las personalidades de renombre como Eduardo Engel, Andrea Repetto, Cristóbal Huneeus, Fabián Duarte, Osvaldo Larrañaga, Valentina Paredes, Andrés Zahler, Andras Uthoff y Jaime Ruiz Tagle.

Derechos sociales

Entre los argumentos entregados por los economistas señalan como "tema central" que la Constitución no debe decidir temas de política pública. "Existen modalidades y preferencias que pueden evolucionar en el tiempo y que por tanto son materia de ley".

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En ese sentido, explican que "una cosa es definir instituciones económicas como la independencia del Banco Central o la protección de la propiedad, sobre las que existe amplio acuerdo. Otra distinta es prohibir variantes de política pública que son habituales en los países desarrollados".

En dicho caso, ejemplifican el financiamiento de los derechos sociales, ya que con la propuesta se dificultaría la solidaridad en las cotizaciones de seguridad social, "cerrando la puerta a un modo eficaz de financiar la salud y la previsión que es utilizado en la mayoría de los países más avanzados".

A ello se suma, según los expertos, que el texto contiene "artículos que dificultan una política tributaria efectiva y moderna" y un ejemplo de ello es la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, lo que pone "en riesgo una fuente significativa de recursos que se distribuyen desde las comunas más ricas del país a los municipios más pobres".

Por último precisan que la propuesta limita la capacidad del Estado de perseguir ciertas conductas delictivas como delitos ambientales y aduaneros.

"Más grave, la propuesta (artículo 16.9.b) somete a las sanciones administrativas al estándar de determinación que hoy se exige de los delitos penales. Esto dificulta asegurar la implementación eficaz de la regulación de diversos sectores económicos como el mercado de valores, las prestaciones de salud, las materias tributarias y los servicios sanitarios".

⚡️40 economistas se manifiestan “en contra” del proyecto constituyente pic.twitter.com/ch1goPid4P

— N Prensa (@N_PrensaCL) November 10, 2023

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