Durante las últimas dos décadas nuestro país ha dado importantes pasos en la instalación y desarrollo de un Sistema Integral de Protección Social que da cuenta de los principales requerimientos de personas, grupos o familias en situación de vulnerabilidad. Iniciativas tan diversas como las Garantías Explícitas en Salud (GES), el Sistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo, la Pensión Garantizada Universal, entre otras, dan cuenta de los avances en derechos que como sociedad hemos pactado.

Sin embargo, una de las principales deudas sociales que arrastramos dice relación con la evidente necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las familias en términos de cuidado, llevando a que la implementación de un sistema nacional de cuidados se vuelva una prioridad ineludible.

Ya lo expresaba el Presidente Boric en su última cuenta pública: “El Estado tiene el deber de ofrecer redes de apoyo e impulsar un cambio social que distribuya más equitativamente las tareas de cuidado, las cuales históricamente han recaído en las mujeres, sin recibir reconocimiento ni remuneración alguna (…) (Esto) nos permitirá materializar avances concretos hacia el entendimiento del cuidado como una responsabilidad social, con perspectiva feminista, intersectorial e intercultural”.

Es así como la creación de un Sistema Nacional de Cuidados resulta fundamental por varias razones: en términos de equidad de género, la mayor carga de las tareas de cuidado recae tradicionalmente en las mujeres, lo cual limita su desarrollo personal, educativo y laboral.

Un Sistema Nacional de Cuidados contribuirá a la distribución equitativa de estas tareas, avanzando en la promoción de la igualdad de género y permitiendo que muchas mujeres accedan a nuevas oportunidades, por ejemplo, la reincorporación al mundo laboral. Esto contribuye al desarrollo económico del país, pero sobre todo a la reducción de la pobreza partir de la generación de ingresos para sus hogares.

En el ámbito familiar, un Sistema de Cuidados, facilitará la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. En los casos de familias con personas en situación de dependencia, hombres y mujeres podrán ser beneficiados, pudiendo desarrollarse fuera del hogar y participando de manera activa en el mercado laboral sin dejar de lado sus responsabilidades de cuidado. Todo esto gracias a la implementación de nuevas iniciativas de protección social que garanticen el acceso a determinados servicios de apoyo para quienes requieran de cuidados.

Incluso desde una mirada económica, un sistema de cuidados contribuye al dinamismo de la economía a partir de la creación de nuevos empleos relacionados con las tareas de cuidado, ya sea en centros de cuidados para personas mayores o en situación de dependencia, o servicios de atención domiciliaria, entre otras múltiples opciones.

Entender los cuidados como un derecho permite avanzar a la provisión de servicios que aseguren una atención adecuada de personas en situación de dependencia, garantizándoles mínimos de bienestar e inclusión social. A su vez, para las personas cuidadoras se abrirán nuevos espacios de desarrollo y se disminuirá la carga que implica el cuidado.

Pese al transversal apoyo político, social y ciudadano que suscita la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, es necesario avanzar en un nuevo pacto fiscal que asegure el financiamiento requerido para la sentar las bases de este sistema. Que las diferencias que existen hoy respecto a su forma de financiamiento no invisibilicen la realidad de miles de familias y personas que esperan por un mayor apoyo institucional que alivie la carga emocional y financiera que recae sobre ellas.

Finalmente, es importante decir que los beneficios de la labor de cuidados ejercido por pocos los gozamos en colectivo, puesto que ello permite atender otros aspectos de la vida. La implementación de un sistema nacional de cuidados no solo sería un logro para la política social, sino que también se presenta como un avance significativo en la construcción de una sociedad con mayor equidad y más civilizada.