Francisco Javier Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), llamó a impulsar la Ley de Transparencia 2.0 para mejorar la fiscalización sobre fundaciones que reciben dineros del Estado y evitar casos como el que ocurrió con Democracia Viva en Antofagasta.

Esta organización, representada por Daniel Andrade quien es militante de Revolución Democrática (RD) y pareja de la diputada Catalina Pérez, se adjudicó tres convenios con el Minvu por una suma de 426 millones de pesos, lo que detonó la renuncia de Carlos Contreras, seremi de Vivienda de dicha región y militante de dicho partido.

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“Estas cosas pasan y van a seguir pasando porque las fundaciones que reciben dineros del Estado no están sometidas a la Ley de Transparencia y tampoco son fiscalizadas por Contraloría”, advierte Leturia.

Para el presidente del CPLT, “no podemos depender de que haya un periodista o un medio de comunicación que divulgue esto para que podamos ejercer control y fiscalizar”.

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“Desde hace mucho tiempo hay varias leyes dormidas; la Ley de Transparencia 2.0 soluciona este tipo de cosas y sigue estando paralizada en el Congreso. Mientras eso no avance, estas cosas van a seguir pasando”, recalcó.

El proyecto de ley de Transparencia 2.0 fue ingresado en septiembre de 2018 y desde hace 14 meses se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado. A fines de mayo de este año, el gobierno le puso urgencia simple al proyecto para retomar su discusión.

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