El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en un país que registra desde el año 2015 un 17% de la población chilena tiene esta condición relacional, cifra que ha ido en aumento.

Hay personas que nacen con una discapacidad, como también quienes la adquieren producto de un accidente o se desarrolla genéticamente al pasar los años. Pero también existen personas con discapacidad producto del actuar del Estado mediante sus agentes. Yo soy parte de este grupo y en estos 3 años he aprendido a reconocerme y aceptarme como una persona con discapacidad. Es paradójico que el Estado, garante de nuestra seguridad, sea el causante de nuestra discapacidad.

Antes del 20 de octubre de 2019, yo era un joven activo y deportista, sin ningún problema de salud. Al tercer día del estallido social, el militar Pedro Lavín me disparó con un fusil de guerra en mi pierna derecha, dejándome con una movilidad reducida y varias secuelas. Fue así como mi discapacidad surge de la violación de derechos humanos producto de la violencia de Estado.

Son cientos las personas que durante el estallido social sufrieron violaciones a los derechos humanos y hoy cargan con una discapacidad: más de 500 traumas oculares, muchos perdigoneados y torturados. También hay quienes quedaron postrados, como Mario Acuña y Miguel Rojas, tras brutales golpizas de Carabineros. El trauma físico y psicológico deja marcas que provocan estigmatización social, por lo que la discapacidad se torna una condición difícil de asumir.

Ser sobreviviente de violencia de Estado es doloroso, porque es difícil cargar con un trauma físico y mental que cambia radicalmente la vida. Por eso es todo un desafió asumirse y aceptarse como una persona con discapacidad. Hacerlo es parte de nuestra lucha y de nuestra dignidad.

Mantengo la esperanza y espero que la Mesa de Reparación Integral que lleva adelante la subsecretaría de Derechos Humanos junto a la senadora Fabiola Campillai avance y se traduzca en una Ley de Reparación Integral.