Es momento de que dejemos de criminalizar a las mujeres y las organizaciones que las apoyan, y reconozcamos finalmente que la única solución ante la inseguridad es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Presidente José Antonio Kast inaugurará el Foro de Madrid, un encuentro que reúne a líderes y personeros de partidos políticos de derecha del mundo.
Hace unos días fue el Foro de Madrid en Santiago. Se reunían representantes de partidos de extrema derecha de Iberoamérica, entre ellos CHEGA de Portugal, que debate extirpar los ovarios de mujeres que abortan.
Por su parte VOX, de España (cuya Fundación Disenso convocó al evento) llama a “combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto” (Antonio Martínez, diputado regional de VOX) y ha impulsado políticas de control reproductivo como el proyecto de consentimiento informado (que incorpora la escucha de los latidos del feto), la inscripción del nasciturus en el Registro Civil o la Ley “Concebido no Nacido” en Madrid (aprobado este año), que incorpora al feto a la unidad familiar.
El representante de este Foro en Chile, el Partido Republicano, ha seguido esta senda. Primero impulsó un proyecto de ley "Escucha su corazón", similar a la propuesta impulsada por VOX en España. Pero tal como auguraba la ex Ministra Vallejo hace unas semanas, esto era más bien la aplicación de la clásica estrategia del “tejo pasado”.
Ahora muestran sus reales cartas: el diputado Romero presenta un proyecto de ley que “Modifica el Código Penal para sancionar supuestos de acceso a sustancias o medicamentos abortivos” (Boletín 18568-07), que busca recrudecer la penalización de la distribución de sustancias o medicamentos destinados a causar un aborto.
La pregunta que surge es evidente: si la transacción ilegal de estupefacientes ya se encuentra penalizada en nuestro país, ¿cuál es el verdadero objetivo de este proyecto? El objetivo es claro: perseguir a las organizaciones que buscan apoyar a las entre 30.000 y 150.000 mujeres que abortan en clandestinidad en nuestro país cada año, para que lo hagan en condiciones de seguridad.
Es decir, criminalizar la solidaridad en un contexto de negación de derechos. Las mujeres continuarán abortando con o sin este proyecto de ley, la diferencia es que, con esta iniciativa, lo harán en condiciones de mayor precariedad, mayor riesgo sanitario, mayor persecución y sin redes de apoyo.
La lógica que han utilizado para justificar esta iniciativa es insostenible: si la preocupación real fuese la seguridad de quienes acceden a estas sustancias, como ha señalado la Ministra de la Mujer, entonces el camino no es la penalización, sino exactamente lo contrario: despenalizar y legalizar el derecho al aborto en condiciones de seguridad, bajo protección estatal.
No sigamos repitiendo recetas de grupos fanáticos de otras latitudes, y no nos confundamos con el tejo pasado. Es momento de que dejemos de criminalizar a las mujeres y las organizaciones que las apoyan, y reconozcamos finalmente que la única solución ante la inseguridad es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
