Este lunes es otro día clave para La Moneda, porque se espera que el Presidente Gabriel Boric defina el nuevo nombre que encabezará la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

La terna elegida vía Alta Dirección Pública está al menos hace tres semanas en el escritorio de mandatario. En sus manos, el Presidente tiene tres opciones, aunque las alternativas reales en juego se reducen a dos, dicen fuentes del sector: el abogado Emanuel Ibarra, hoy superintendente del Medio Ambiente subrogante; y Marie Claude Plumer, actual  jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, vale decir fiscal de la cartera, y exjefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Es sindicada como la favorita del gobierno.

El otro nombre en carrera es Eduardo Astorga Jorquera, abogado de la PUC y consultor senior en Medio Ambiente y profesor Derecho Ambiental, Minero, Indígena, Aguas e Infraestructura según describe en su LinkedIn. Se destaca su perfil "académico" y es vinculado a Revolución Democrática.

La decisión sobre quién ocupará la cabeza de la Superintendencia del Medio Ambiente es una de las más difíciles para el actual gobierno debido al importante rol del organismo, que forma parte clave del tridente de la institucionalidad ambiental de país (junto al ministerio del ramo que lidera Maisa Rojas y el Servicio de Evaluación Ambiental encabezado por Valentina Durán).

Sin embargo, la elección del futuro/a superintendente de Medio Ambiente ha sido una carrera cruzada por las sombras. Una candidata que defendió salmoneras, dicen en el sector, en referencia a Plumer; y otro apuntado por estar ligado al piñerismo, según tildan a Ibarra.

Así de enredada está la elección de un cargo clave para una institución que además de ser un interlocutor de las empresas para lograr el cumplimiento de la normativa ambiental, debe contar con una dosis de credibilidad a toda prueba. Todo eso está en juego.

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El "piñerismo" que le imputan a Ibarra

En la terna final está Emanuel Ibarra, actual superintendente interino y exfiscal de la SMA. Su llegada al cargo de fiscal no estuvo exenta de polémica, por hechos que se remontan al gobierno de Sebastián Piñera.

A Ibarra se le sindica -de acuerdo con actores del sector- una cercanía con el exsubsecretario del Medio Ambiente de Piñera, Felipe Riesco, quien es, además, reconocido abogado inmobiliario y consejero de Libertad y Desarrollo.

Sus nombres aparecen directamente mencionados en una demanda de tutela laboral que el abogado y exfiscal de la SMA Raimundo Pérez Larraín, interpuso ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (causa rol T-304-2019) por haber sido desvinculado del cargo el 6 de diciembre de 2018 -a solo 36 días de haber sido designado en el mismo a través del sistema de Alta Dirección Pública.

En el escrito, Pérez acusa que “el Superintendente Cristián Franz recibió presiones por parte del Subsecretario del Medio Ambiente Felipe Riesco, quien le pidió que declarara desierto el concurso para el cargo de Fiscal Titular de la Superintendencia, desconociendo así sus resultados, ya que el candidato que el Ministerio deseaba que ganara el concurso, Emanuel Ibarra Soto –también abogado de Fiscalía y colaborador del Subsecretario–, no fue seleccionado en la terna confeccionada por el Servicio Civil”.

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó indemnizar a Raimundo Pérez por “discriminación política”, y actualmente se espera resolución de la Corte Suprema, que decidirá finalmente sobre el caso.

En ese mismo periodo, salió de la SMA el entonces superintendente Cristian Franz (fue reemplazado por el jefe de la División de Fiscalización, Rubén Verdugo como subrogante) y de pasada se le solicitó la renuncia no voluntaria a Marie Claude Plumer, quien se desempeñaba como jefa de la División de Sanción y Cumplimiento.

Con ello se dejó a disposición los tres cargos más importantes de la Superintendencia, para designar a personas de confianza del gobierno de Piñera. En esa instancia, Ibarra asumió como fiscal.

Los nombres de Ibarra y Riesco se cruzan de nuevo cuando en su rol de fiscal, aprobó el programa de cumplimiento del proyecto inmobiliario Alto Maullín, el que, eludiendo su obligación de ingresar a evaluación ambiental, generó gran conmoción ciudadana por la afectación al ecosistema del río Maullín. El abogado del proyecto era el mismo Felipe Riesco. El programa de cumplimiento fue duramente cuestionado en la sentencia causa rol R-15-2021 del Tercer Tribunal Ambiental.

Otro punto que llama la atención en la hoja de vida de Ibarra es la gran cantidad de lobbys con estudios privados vinculados al gobierno de Sebastián Piñera. De acuerdo con www.infolobby.cl, de las más de 300 audiencias realizadas por Ibarra en su calidad de fiscal, de jefe de División de Sanción y Cumplimiento (s) y de superintendente (s), en 70 de ellas han participado los mismos 9 abogados, todos exautoridades de Piñera (como Felipe Riesco, Ricardo Irarrázabal - primer subsecretario de Medio Ambiente de Piñera I y después director del SEA y Rodrigo Benítez,  subsecretario del Medio Ambiente e Piñera I y II).

A Ibarra se le sindica como UDI, aunque sus cercanos indican que es independiente y “más bien DC”. Quienes lo conocen dicen que tiene un perfil “técnico” y “académico”, y prueba de ello es que lleva diez años en la SMA, comentan. Sobre su "piñerismo", señalan que resulta extraño que si el gobierno de Boric tenía este antecedente lo hayan nombrado superintendente subrogante, tras la salida de Cristóbal de la Maza. Las mismas fuentes aseguran que actúa con independencia, y que durante su gestión le “ha pegado” a empresas también vinculadas con el gobierno anterior.

Respecto a su amistad con Felipe Riesco, exsubsecretario de Medio Ambiente, comentan que es normal que haya una relación considerando que el medioambiental es un medio “súper chico”, y es habitual que los profesionales pasen del sector público al privado y viceversa.

Marie Claude Plumer y sus flancos

Algo similar ocurrió con Marie Claude Plumer. La abogada es apuntada en el mundo ambiental como la defensora de las salmoneras. Esto, porque en 2019 ingresó junto al exsuperintendente Cristián Franz al estudio de abogados Chaves / Awad / Contreras / Schürmann (CACS) como consultores en temas ambientales. Entre ellos, salmoneras, uno de los sectores regulados por la SMA que espera liderar.

Si bien el traspaso del mundo público al privado es una práctica habitual en el sector, a Plumer se le reprocha no haber dejado pasar seis meses antes de emprender esa función de consultora, a la cual llegó con el manejo de información sensible y privilegiada de su paso por la SMA. Pero desde su entorno aclaran que su función en la consultora se limitó a una capacitación, por lo que descartan cualquier conflicto de interés con la industria salmonera.

Pero más allá de la Superintendencia, el currículo de Plumer revela una vasta experiencia en el sector: es abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derecho Ambiental por la U. París I-Panthéon- Sorbonne, tiene una especialidad en Valoración Económica de los Recursos Naturales, de la Universidad de Alcalá de Henares.

Le reconocen que tiene un acabado conocimiento de la regulación ambiental, y es considerada una persona “preparada” y “experimentada”. Su presencia en el sector data de los tiempos de la Conama (Comisión Nacional de Medio Ambiente), además de contar con experiencia en la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) y en la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería.

Pero en esta carrera por la SMA, han aparecido datos que la complican: según reveló una publicación de El Mostrador, la Contraloría General de la República abrió un sumario administrativo por conducta irregular, aunque sus cercanos dicen que la información fue “tergiversada” y que sólo fue muy dura con la empresa indagada, una inmobiliaria (Hacienda Batuco).

A la par, en 2018, el Congreso ofició a la SMA por los informes que la División de Sanción y Cumplimiento dejó prescribir en la época en que Plumer estaba a cargo de la unidad: eran más de 5 mil. En el entorno de la candidata señalan que dicha cifra obedece a “problemas estructurales de la Superintendencia”, y la demora es un tema que la SMA arrastra desde hace años, y que atribuirle responsabilidad personal denota “intencionalidad”.

Otro dato controvertido data de julio de este año, a partir de la solicitud del Ministerio del Medio Ambiente a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, para la revisión de los permisos ambientales del proyecto Salares Norte, propiedad de la minera sudafricana Gold Fields y cuya inversión se empina sobre los US$ 800 millones.

La petición causó ruido en el sector ambiental en términos de institucionalidad, dado que nunca se había solicitado la revisión de una RCA ya aprobada. Sus críticos plantean que genera ciertas incertidumbres respecto a los permisos ambientales. Finalmente Valentina Durán dijo no ha lugar, desestimando la solicitud. El oficio llevaba la firma de Marie Claude Plumer como fiscal del ministerio.

Quienes conocen de cerca el proceso indican que Plumer es la candidata de Ana Lya Uriarte, la secretaria general de la Presidencia que ya tuvo un severo traspié en la elección de José Morales como Fiscal Nacional. Y esta vez en el gobierno no quieren repetir errores.

Tras la publicación de este artículo, recibimos esta respuesta del actual superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, que procedemos a reproducir íntegra a continuación:

 Señor Director:

El día 5 de diciembre de 2022, el portal de noticias El Desconcierto publicó una nota denominada “Superintendente de Medio Ambiente, el otro “fierro caliente” que tiene Boric en sus manos”, donde se levantan diversos temas de mi candidatura, los cuales estimo necesario aclarar.

Se habla de mi “Piñerismo” y se me vincula al partido político Unión Demócrata Independiente (UDI). Al respecto, parece bastante curioso ese vínculo, porque nunca he militado en ningún partido político. Soy funcionario de la SMA hace 10 años y he ocupado diversos puestos de dirección en 4 gobiernos diferentes. He aprendido a trabajar con diversos equipos y diferentes personas a cargo, considerando mi perfil técnico y de carrera dentro del servicio.

En segundo lugar, para acreditar ese “Piñerismo”, se levanta una supuesta relación de amistad con el ex Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, vinculada a una demanda de tutela laboral (que se menciona en la nota) que tuvo por tesis principal acreditar una supuesta “discriminación política” en contra del demandante. Al respecto, solo indicar que la publicación omite lo más relevante del caso. Ese juicio recientemente lo perdió el demandante. La Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó su demanda y negó una discriminación política asociada a esa “supuesta amistad” que se levanta. Para ello, invito a revisar el fallo dictado en la causa rol 3448-2019.

Por otro lado, se menciona un supuesto actuar irregular en el caso Inmobiliaria Maullín, representada por el señor Felipe Riesco. Sin embargo, se omite que ese caso se levantó una formulación de cargos contra la empresa justo cuando ocupaba el cargo de Fiscal, instancia donde además me tocó tramitar la paralización del proyecto. No se entiende cuál sería el actuar irregular en ese contexto. Luego, se aprobó un programa de cumplimiento con un criterio que siempre se invoca en la SMA, el que no fue compartido por el Tribunal Ambiental. Actualmente, el proceso sigue su curso, como cualquier otro caso. No existe un trato preferencial, ni un criterio nuevo aplicado al caso en cuestión.

En consecuencia, ese “Piñerismo” que se me atribuye sin fundamento como un supuesto argumento para levantar tratos preferenciales, no tiene sustento o prueba alguna. Basta con revisar estos 9 meses en que me ha tocado ocupar el cargo de Superintendente (s). En este periodo se han aplicado sanciones y medidas a todo tipo de empresas, sin mirar nada más que su comportamiento ambiental, incluso llegando a decisiones de revocación de permisos ambientales y medidas precautorias históricas, que nunca se habían tomado en el servicio.

Finalmente, se levanta un dato de las reuniones de lobby para imputar un supuesto trato preferencial sobre ciertas personas. Sobre ello, solo indicar que todas las autoridades por ley, debemos recibir sin ningún tipo de discriminación arbitraria a todas las personas que soliciten esas reuniones. En mi caso, he recibido a empresas, comunidades, personas naturales y jurídicas, y ONGs de diverso tipo. Lo anterior me parece absolutamente necesario en el contexto en el que estamos, porque me ha permitido dialogar con todas/os las partes involucradas y llegar a mejores acuerdos que se expresan en actos formales. Es imposible hacer gestión ambiental sin sentarse a conversar con las comunidades y titulares.

Para terminar, solo mencionar que entiendo que este tipo de concursos siempre llevan a levantar este tipo de publicaciones, respecto de las cuales no tengo temor alguno. Estoy en condiciones de abordar cualquier punto, acusación o información que se quiera comentar, porque tengo el pleno convencimiento de que la transparencia siempre será un valor clave para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Emanuel Ibarra.

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