Millaray Arellano, madre no biológica de una menor de edad, acudió hasta la Corte Suprema, luego que su expareja, del mismo sexo, con la cual decidieron tener una hija, decidiera ir hasta la justicia para cortar el vínculo que ella tenía con la niña, debido al término de la relación.

Fue en el año 2013 cuando Millaray con su entonces pareja decidieron tener una hija en común. Luego de un procedimiento que culminó con el embarazo de la segunda mujer, y el posterior nacimiento de la hija de ambas, la pareja firmó un Acuerdo de Unión Civil y le pusieron sus apellidos.

Sin embargo, todo cambió cuando tras varios años de convivencia en familia, la pareja de Arellano decidió terminar la relación y quitarle uno de los apellidos a la menor.

Cuando esto sucedió, Arellano y su expareja firmaron un acuerdo de relación directa, el cual estuvo visado por un tribunal, regulando también pago de alimentos.

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Sin embargo, la relación de Millaray con su hija dejó de ser fluida y todo empeoró cuando la madre biológica acudió al Juzgado de Familia de Curicó, solicitando la suspensión del vínculo directo entre ella y la niña, lo que finalmente sucedió.

Sobre esto, AML Defensa de Mujeres, estudio privado creado por abogadas feministas especializadas en litigación con perspectiva de género y derechos humanos, sostienen que el tribunal y, posteriormente la Corte de Apelaciones “razonan sin tomar en cuenta el vínculo social que existe entre Millaray y la niña”.

“Aquí sólo se tomaron criterios biologicistas y no el interés superior de la niña. Además, no se reconoce la diversidad de las familias. En esa línea, creemos que el tribunal no fue capaz de entender cómo funciona un grupo familiar homoparental”, añadió Athiara Cristino, la abogada del caso.

La profesional siguió explicando que esto “dejó a la niña y a la madre en una situación vulnerable, porque a esta última se le negó, por un tribunal y una corte, la relación con su hija y a ella, la relación con una de sus madres. Aquí se invisibilizó la diversidad de las familias y lamentablemente en Chile aún no hay protección para las familias homomarentales, ni hay reglas establecidas para lo que pasa cuando esas parejas se separan”.

La defensa de Millaray presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, con la esperanza que el máximo tribunal dicte una nueva sentencia que restablezca el vínculo entre madre e hija.

De acuerdo a Cristino, este recurso está basado en que las decisiones del tribunal y la Corte de Apelaciones “reprodujeron sesgos arbitrarios por el solo hecho de que Millaray es una mujer madre lesbiana. En Chile ningún tribunal termina el vínculo de un padre con sus hijos sólo porque una madre lo pide, incluso aunque él sea un papá deficiente o ausente. Esto solo se hace en situaciones extremas. Si ella hubiera sido hombre, jamás le habrían suspendido la relación directa y regular".

"Lo que operó fue la visión de que Millaray no es la mamá legal -aunque sí la social- y eso es una reproducción de estereotipos, porque aquí ya existía una relación regulada y aprobada” indicó Cristino.

Esto constituiría diversas transgresiones a tratados internacionales ratificados por Chile, por lo que no se descarta llegar hasta la Corte Interamericana de ser necesario, sostienen.

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