La Corte de Apelaciones de Temuco desestimó la reincorporación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Caso Huracán, que involucra hechos de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, informa este jueves La Tercera.

Específicamente, se trata de una trama de corrupción que se tradujo en la más importante indagatoria que se desarrolla contra conductas ilícitas de la policía.

En cuanto a la decisión judicial, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la Secretaría de Estado contra de la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que tuvo por no presentada la acusación particular de la apelante, lo que en definitiva responde a un equívoco de la División Jurídica de Interior que dejó al Ejecutivo fuera del caso.

Respecto del detalle, la situación que marginó del caso Huracán al Ministerio del Interior se generó el 12 de mayo último, cuando la jueza Marcia Castillo decidió excluirlo como querellantes luego que de que el abogado Luis Martínez no corrigiera un vicio formal en su acusación.

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Martínez y su cuestionado accionar en caso del cabo Benavides

El profesional es el mismo que en junio no llegó a la audiencia en representación del gobierno, en el contexto del trámite derivado de la querella del Ejecutivo en medio de la investigación por el crimen del oficial de Carabineros, Francisco Benavides, ocurrido hace algunas semanas en un hecho de gran conmoción nacional.

Esta situación redundó en el despido del abogado tras ser cuestionado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que justificara su accionar argumentando que se quedó dormido tras la aplicación de un analgésico intravenoso luego de presentar problemas de salud que atribuyó a un almuerzo.

En cuanto al Caso Huracán, la solicitud de corrección la hizo el tribunal dos días antes y la magistrada operó apelando a la normativa disponible, que establece que al no rectificarse la acusación del querellante en el plazo perentorio de 48 horas, se entiende como no presentada.

La decisión judicial se genera en medio de la preparación del juicio oral contra de los integrantes de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros en La Araucanía, actualmente extinta, trámite que indaga a los acusados por montar pruebas contra comuneros mapuche acusados de asociación ilícita terrorista, quienes fueron posteriormente sobreseídos, en junio de 2018.

La indagatoria involucra a 10 oficiales y suboficiales de Carabineros y un civil, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de obstrucción a la investigación, asociación ilícita, falsificación de instrumento público, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros delitos.

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